Un año más la Conferencia Episcopal Española ha dado a la publicidad (pues de publicidad se trata, exclusivamente) su última Memoria Anual de Actividades correspondiente al ejercicio 2015. Y lo ha hecho, no sólo a través de los múltiples medios de comunicación y propaganda de que es propietaria (televisiones, radios, periódicos en papel o digitales), sino también contando con la inestimable colaboración de los medios de comunicación de las cadenas estatales y autonómicas públicas (radio y televisión), así como de la mayoría de los medios generalistas privados.
Y como cada año, Enrique Ruiz del Rosal, miembro de la Junta Directiva de Europa Laica y de la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid, realiza un análisis de la Memoria que presenta la Conferencia Episcopal Española.
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Éstas son sus conclusiones
Responsable: el Estado.- De la lectura de este Informe podría deducirse que la principal destinataria de mis críticas es la jerarquía católica: nada más lejos de la realidad. El responsable de la situación de privilegio económico que disfruta la Ic en España es el poder político y, por tanto, los sucesivos gobiernos de nuestra democracia desde hace 36 años. El problema sigue siendo el clamoroso silencio cómplice del Estado y de todas las Administraciones Públicas. La Ic disfruta de un “paraíso” jurídico y fiscal consentido por un Estado que se presume democrático, aconfesional y de derecho.
Necesidad de fiscalizar las cuentas de la Iglesia.- Resulta imprescindible fiscalizar, tanto las ayudas y subvenciones recibidas por todas las organizaciones y entidades de la Ic como las exenciones de que se benefician. Ya en el primer trimestre de 2015 saltaba a la prensa una información acerca del Tribunal de Cuentas, supremo fiscalizador de las cuentas del Estado. En ella, fuentes del mismo advertían que la Iglesia católica podía estar incurriendo en “enriquecimiento injusto” y se hacía eco de que las cuentas de ésta jamás habían sido fiscalizadas. Asimismo se afirmaba algo que vengo (y venimos, desde Europa Laica) repitiendo desde hace años: que la Ic se financia con cantidades “desconocidas imposibles de cuantificar y procedentes de conciertos educativos o sanitarios” o “a través de entidades como Cáritas o Manos Unidas”.
Más recientemente, en 2017, el Tribunal de Justicia de la UE ha declarado ilegales las exenciones fiscales a la Ic cuando realiza actividades económicas. Estamos hablando de miles de millones de euros que no ha exigido declarar ningún gobierno (por ese lado, disminuye los ingresos públicos) y que por tanto, tampoco contribuye al sostenimiento de lo público. En este trabajo no estoy hablando de religión, sino de transparencia económica y respeto a la legalidad.
Tal vez muchas personas piensen que ante un panorama de profunda crisis económica y social, 11.000 M€ anuales no son prioritarios, pero para hacerse una idea de que no son “bagatelas” basta recordar que este dinero público bastaría para que el millón y medio de hogares españoles con todos sus miembros en paro tuviera un ingreso mensual por familia de 584€.
Esta Memoria no cumple el compromiso adquirido por la Ic.- Cabe concluir que con la Memoria episcopal la CEE prosigue con esta ceremonia de la confusión que consiste en incumplir el único compromiso adquirido por los obispos con la firma del reprobable acuerdo concordatario de diciembre de 2006, que literalmente expresaba el “d) compromiso de la Iglesia católica de presentar una memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la Asignación Tributaria”. Asimismo, he demostrado que en relación con este compromiso, que el Estado debería exigir taxativamente, la Ic cada vez aporta menos información o lo hace de forma más críptica.
Mucha propaganda y poca transparencia.- En lo que se refiere al resto de información que aporta la jerarquía católica en relación con sus múltiples actividades, es fácilmente observable que la estrategia de comunicación de los obispos es puramente defensiva, y parece querer salir al paso de una realidad difícilmente manipulable: los exorbitantes privilegios económicos de que goza la Iglesia, que succiona del erario público más del 1% del PIB para sus actividades. El mensaje que pretenden transmitirnos sería, “Vale nos beneficiamos del dinero público pero, a cambio, generamos muchos beneficios económicos a la sociedad”.
Pero no sólo es una estrategia de defensa episcopal, ya que con frecuencia también las autoridades públicas, en connivencia con los intereses clericales, justifican estos “espectáculos confesionales”, las celebraciones y fiestas religiosas, por los supuestos beneficios económicos que originan y por la publicidad que procura a las correspondientes ciudades donde tienen lugar. En realidad, esta amalgama de aspectos culturales, turísticos, mediáticos y económicos, en la que el espectáculo y su difusión se convierten en lo prioritario, es lo que me ha llevado a denominar estos actos de la Iglesia católica, tan próximos al show bussiness, como Catolicircus.
Lamentablemente hoy, como hace cinco años, debo repetir que alrededor de las cifras que ofrece la Conferencia Episcopal hay mucha mercadotecnia y propaganda y ninguna transparencia. Lo que debe ofrecer la jerarquía católica es un balance económico anual integrado del conjunto de sus actividades en España, que ilumine en qué y cómo se gasta las cuantiosas sumas con que le subvenciona el Estado y, por tanto tod@s l@s contribuyentes, en sus tres niveles, central, autonómico y local. Y el Estado, en un ejercicio de responsabilidad debe exigir ese balance anual integrado, en el que también se consignen las subvenciones indirectas aportadas por el Estado en relación con las exenciones y bonificaciones fiscales, al amparo de los Acuerdos concordatarios con la Santa Sede de 1979.
