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Campaña por la derogación de los acuerdos del Estado con la Santa Sede

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El día 2 de enero de 1979, pocas semanas después de la aprobación de la Constitución democrática, se firmaron los vigentes acuerdos entre el Estado y la Santa Sede. Estos acuerdos han hipotecado, y siguen haciéndolo, el desarrollo de la democracia española. Así se mantienen los escandalosos privilegios de la Iglesia Católica. Esos acuerdos nos cuestan a los españoles más de 11.000 millones de euros cada año. Debido a la vigencia de los acuerdos se mantiene la “asignatura” de Religión en todos los niveles educativos de nuestro sistema y a sus `profesores” seleccionados por los obispos, los pagamos todos los ciudadanos.

Europa Laica ha lanzado una campaña de firmas a favor de la derogación de aquellos acuerdos.

Pincha aquí para acceder a la página de esta campaña.

Las casillas del IRPF deben desaparecer

Como ya viene siendo habitual en los últimos casi diez años, los miembros de la Asociación Laica de Rivas, queremos insistir durante estos meses, en que todos los ciudadanos tenemos que presentar nuestra declaración de la renta, en que NO MARQUEMOS NINGUNA DE LAS CASILLAS que figuran en el ‘impreso de la misma’ y que desde la tele nos proponen.
‘No marques la casilla de la Iglesia Católica (I.C.), ni tampoco la de Fines Sociales’.

Explicamos por qué:
1.- Al marcar la casilla de ‘asignación tributaria a la Iglesia Católica’, lo que hacemos es restar un 0,7% de nuestra contribución al erario público (dineros que se deben dedicar a sanidad, educación, dependencia,…), para que se lo entreguen directamente a la I.C. Esto vulnera el principio constitucional por el que ninguna religión tiene carácter estatal. Además de quebrantar el principio de igualdad ante la ley (se discrimina por razón de creencias).
2.- Proponemos que tampoco se marque la casilla de ‘asignación tributaria a fines de Interés Social’, de nuevo restaríamos otro 0,7% a la caja común del Estado. Y entendemos que es el Parlamento (los diputados que hemos elegido) quienes tienen que definir los fines de interés social, así como la asignación a estos y fiscalización de cómo se gasta el dinero de todos.
La Iglesia Católica no está en crisis, es más vive en ‘un paraíso fiscal’. Las subvenciones totales a la I.C., se estiman en unos 11.000 millones de euros anuales. Sirva como dato comparativo que el Gobierno del PP ha recortado 12.000 millones de euros en Sanidad, entre 2009/15 y 9.000 millones de euros en Educación, entre 2009/13.
La Iglesia Católica recibe 249 millones de euros procedentes directamente del 0,7% asignado en la declaración de la renta.

Pero no es este su único privilegio desde la firma del Concordato en 1979, también pagamos entre todos:

El sueldo y seguridad social de 20.000 religiosos (obispos, curas y monjas), que suponen 183 M/€;

El sueldo y seguros sociales de 19.000 catequistas de religión en los centros de enseñanza pública y concertada católica, 600 M/€;

El mantenimiento del patrimonio-artístico, otros 600 M/€ (además la I.C., gestiona éste en beneficio propio y se apropia de lo recaudado con las visitas);

Del dinero común se subvencionan 2.450 centros concertados católicos, con otros 4.400 M/€;

También la I.C., está exenta de pagar impuestos por sus miles de inmuebles (IBI, Impuesto de Construcciones y Obras-ICIO, Sucesiones y Donaciones; Transmisiones patrimoniales; Actividades Económicas, Actos Jurídicos Documentados, etc. Aproximadamente 2.000 M/€.
En total 11.200 M/€ anuales de financiación directa o indirecta.
En su propaganda, la I.C., nos invita a ‘marcar las dos casillas’ en la declaración de la renta, así obtiene doble financiación (más del 30% de la de Fines Sociales es para organizaciones católicas). Además engaña con lo que nos dice: a Cáritas solo dedica el 2,5% (6,2 M/€) de los 249 millones. El resto lo gasta en salarios de sacerdotes y obispos, en campañas publicitarias y en lo que le cuesta mantener la cadena ‘13TV’.
El Estado y los sucesivos gobiernos de la Democracia son los responsables de estos exorbitantes privilegios, y de que nunca haya sido fiscalizada. Nunca la I.C., presenta su cuenta de resultados, ni su balance de actividad anuales.
Las confesiones religiosas deben autofinanciarse y pagar impuestos, como entidades privadas que son.
Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid (ALRV) – Abril 2017
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Informe a propósito de la campaña de publicidad de los obispos en relación con el IRPF de 2015, declarado en 2016

Un año más nos encontramos puntualmente con la campaña propagandística de la Iglesia católica (Ic, en adelante) ante un nuevo intento para mantener la atención mediática de l@s ciudadan@s (en abril será la campaña “Por tantos” y en junio la Memoria de actividades), en relación con la declaración de voluntad de l@s declarantes del IRPF, para que el Estado (tod@s l@s contribuyentes) subvencione sus actividades de culto y clero.
1.- Sigue causando estupor, mezclado con vergüenza, que no se publiquen previamente en las estadísticas oficiales de la Agencia Tributaria las escasas cifras que sí obran en poder de la Corporación católica: es la Administración Pública la que debería ofrecer dicha información como corresponde, al ser la Ic la beneficiaria de esta cuantiosa subvención pública: 249,16 M€ (más de 41.000 millones de las antiguas pesetas). ¿Por qué esta información no es de conocimiento público? ¿A qué obedece este privilegio?
2.- Debemos afirmar categóricamente que la subvención que recibe la Ic por este concepto, sale de los Presupuestos Generales del Estado, como no puede ser de otra forma. Si como dice la propaganda de la Corporación católica, el contribuyente que marca la “X” no tiene que “pagar más ni se le devuelve menos” o “¡Marca la X, si no te cuesta nada!” ¿de dónde otro sitio puede salir que no sea de los Presupuestos, es decir del bolsillo de tod@s l@s ciudadan@s? Los impuestos no “pertenecen” al ciudadano, sino al Estado, para proporcionar (supuestamente) servicios de interés general. Por tanto, en realidad, todo es gasto presupuestario.
En segundo lugar, no ignoran los jerarcas católicos que el artículo II del Acuerdo concordatario sobre Asuntos Económicos, de 1979, compromete (obliga) al Estado “a colaborar con la Iglesia en la consecución de su adecuado sostenimiento económico”. Por tanto, mientras siga vigente dicho Acuerdo, el Estado viene obligado a mantener a 113 obispos y cardenales, 20.000 sacerdotes, seminarios, congresos, 23.000 parroquias y demás gastos de los denominados “de culto y clero”, independientemente de las “X” que marquen l@s contribuyentes. El eslogan de campaña de los obispos, para hacer honor a la verdad, debería ser: “No importa que marques la casilla, porque el Estado (todos los contribuyentes) nos tiene que sostener obligatoriamente”.

3.- Una año más, la interpretación que de las cifras realiza la Conferencia Episcopal (CEE) oculta una terca realidad: a pesar de todo su aparato propagandístico y mediático y de los recursos económicos que obtiene del Estado, en torno al 65% de l@s declarantes (el 65,07, en 2015, el 65,12, el año anterior) sigue sin señalar la casilla de la Iglesia, como viene siendo habitual en la última década. En el lenguaje episcopal, si el 35% de l@s declarantes está “a favor de la Iglesia”, hay un 65% que estaría “en contra”.
4.- De la declaración del IRPF realizada en 2016, correspondiente a la renta de 2015, los dos únicos datos que se ofrecen(aparte de los datos por Comunidades Autónomas y por edad y sexo) son, el número total de declaraciones con “X” a favor de la Ic (7.347.612 declaraciones) y la correspondiente cantidad asignada a su favor por este motivo (249.162.061 euros, más de 41mil millones de las antiguas pesetas), lo que lleva a subrayar de forma menos triunfalista que el año anterior (en la propaganda de este año sólo se habla de ligero aumento) que han aumentado las declaraciones “a su favor” en 55.841. Sin embargo, ya no puede declarar la CEE, como el año pasado, que han superado “los 250 M€ de ingresos por esta vía desde que comenzó la crisis”, dado que vuelve a situarse por debajo de esa cantidad. Aunque esta última afirmación fuera, sencillamente, falsa puesto que en la declaración realizada en 2009, correspondiente al IRPF de 2008, ambos años ya en plena crisis, se recaudaron 252,6 M€.
No podemos olvidar que esta subvención es casi el doble de las ayudas estales a sectores en crisis como el naval, el pesquero y el agroalimentario juntos.
5.- Se señala tímidamente en la propaganda episcopal que desciende la recaudación en 1,1 M€ respecto al año anterior, pero pretende compensarlo afirmando falsamente que “desde el comienzo del sistema de Asignación tributaria (2006) ha aumentado el número de declaraciones con asignación a la Iglesia católica en más de 864.000”. ¿Manipulación o incompetencia episcopal? El Acuerdo con el nuevo sistema entró en vigor el 1 de enero de 2007, por lo que el nuevo porcentaje del 0,7% no podía ser aplicable a la renta de 2006, sino a la de 2007 en la declaración efectuada en 2008. Por eso en 2007 se incrementa la recaudación de los obispos un 39% con el nuevo sistema, es decir 68 M€ más que el año anterior. En realidad, desde que está vigente el nuevo sistema (renta 2007) la Ic “ha aumentado el número de declaraciones” en 389.600. Pero esta cantidad no deja de ser otra pequeña trampa, porque en realidad, desde 2010, la Ic ha visto disminuir el número de declaraciones a su favor en 107.211. En todo caso, es indudable que al sistema de financiación de la Iglesia católica no le ha afectado la crisis.
6.- Un año más siembra confusión la propaganda episcopal, a propósito de la aplicación del dinero recibido por esta vía (IRPF). En la nota oficial que figura en la web de la Conferencia Episcopal se menciona, en relación con la subvención estatal correspondiente al IRPF, aunque con bastante menos énfasis que el año anterior, “la actividad evangelizadora, social y caritativa“. Nada más lejos de la realidad.
El 86% de la cantidad enviada por el Estado se dirige a las diócesis (215 M€) y el 80% de esta cantidad (173 M€) se emplea en pagar los sueldos y salarios del sacerdotes obispos, cardenales y arzobispos así como sus seguros sociales. Otras rúbricas importantes financiadas con esta subvención estatal de 250 M€ son, el funcionamiento de la conferencia Episcopal o las facultades eclesiásticas o la Pontificia de Salamanca, o los 5 M€ de las campañas de propaganda. Pero no busque estos datos en la información aportada por los obispos, puesto que no informa de ello. Deberá consultar los Presupuestos del Fondo Común Interdiocesano para 2015. Por tanto, en contra de lo que afirma la nota propagandística de los obispos, las cantidades succionadas de los Presupuestos estatales no se dedican ni a actividades pastorales ni a obras sociales o caritativas, sino a gastos más pedestres.
Debe resultar tan acusadora esta situación para la jerarquía católica (el hecho de que las tres cuartas partes de lo enviado a las diócesis se vaya en sueldos del clero) que esta información la han hecho desaparecer de las últimas Memorias de Actividades publicadas.
7.- Pero ésta no es la única financiación anual que recibe la Ic del Estado: exenciones y bonificaciones fiscales, (IBI, ICIO, etc), las “X” de Fines Sociales, los conciertos educativos con 2450 centros católicos, conciertos sanitarios con 68 hospitales, 52 dispensarios u 841 casas de ancianos o discapacitados, catequistas que imparten religión en las escuelas públicas, mantenimiento del patrimonio religioso, y así hasta alcanzar más de 11.000M€, es decir más del 1% del PIB español.
8.- Todo esto sucede ante la pasividad del poder político de turno, incapaz de fiscalizar las cuantiosas exenciones y subvenciones recibidas por la Iglesia. Está por ver que el Tribunal de Cuentas, tan eficiente en la fiscalización de las cantidades recibidas por partidos políticos o sindicatos, se atreva (más bien, reciba instrucciones de algún Gobierno de España) a fiscalizar las cuentas de la Iglesia católica porque, como algún miembro de dicho Tribunal advirtió, “es muy posible que la Iglesia esté obteniendo un enriquecimiento injusto con esta forma peculiar de financiación”.
Rivas Vaciamadrid, a 14 de marzo de 2017
M. Enrique Ruiz del Rosal Miembro de la J D de Europa Laica y de la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid

¿Libertad o liberticidio?

Una reciente campaña de un autobús por la ciudad de Madrid ha vuelto a poner “en circulación” una sencilla tesis muy querida por la jerarquía católica y por los colectivos católicos más fundamentalistas: pene=chico; vulva=chica. Resulta inútil utilizar el razonamiento contra la fe así entendida (much@s católic@s lo entienden de otra manera). De nada sirve intentar explicar que una cosa es el sexo biológico y otra el género como construcción social.

Para estas personas un pene implica vestirse de azul, jugar con camiones, ser agresivo, gustarle las chicas y no llorar, mientras que tener vagina supone vestirse de rosa, llevar pendientes desde el nacimiento, jugar con muñecas, gustarle los chicos y necesidad de protección. Esta forzosa socialización temprana, propia de la sociedad patriarcal, ha sido objeto de la sociología, la antropología y la psicología.

Millones de personas en nuestro país han luchado (y lo siguen haciendo)        para romper ese binomio sexo-género, como una atribución impuesta, y el resultado de esa lucha  se ha traducido en leyes por la igualdad y reconocedoras de los derechos de las lesbianas, los homosexuales, transexuales y bisexuales (LGTB). Leyes contra las que combatió, y aún lo hace, la jerarquía católica, la derecha confesional y los colectivos fundamentalistas anti-derechos, en un vano intento de imponer su moral religiosa a toda la sociedad, bajo la idea de que  todo lo que es “pecado”, debe ser ilegal.

Por eso, la citada campaña nos “haría reír” si no fuera para llorar, pues al considerar la homosexualidad una “desviación” a “corregir”, ofrece un aparato ideológico susceptible de utilizarse contra las personas LGTB de forma agresiva y violenta, alimentando la homofobia y la discriminación por motivos de preferencia sexual. Los hechos demuestran que las agresiones al colectivo LGTB se han incrementado últimamente.

No cabe ignorar que a pesar de que la jerarquía católica no respalda esta campaña “en las formas”, comparte plenamente los argumentos homófobos de la misma. Pero no es éste el aspecto en que deseo centrarme en este artículo.

Lo verdaderamente llamativo es que la campaña la han lanzado un@s supuest@s padres y madres (en realidad una asociación ultra católica con un presupuesto superior a 2 M€) en aras de la libertad y denunciando un supuesto adoctrinamiento en “ideología de género”.

En primer lugar, mostrar a l@s menores de edad, paulatinamente y en función de su grado de desarrollo, la existencia de personas LGTB, así como las leyes que reconocen sus derechos, no tiene nada que ver con adoctrinar.

Pero lo que resulta el colmo de la hipocresía es que denuncien supuesto adoctrinamiento, personas que no dudan en adscribir obligatoriamente, nada más nacer, a sus hij@s a una religión; que los inscriban en centros católicos (normalmente financiados por todos los contribuyentes) donde los adoctrinan mucho antes de que tengan uso de razón, en los que son socializados en una creencia específica, sin contacto con otras creencias o cosmovisiones (ni posibilidad de conocerlas).¿Esta es la libertad que propugnan?

La legislación española reconoce el derecho humano de libertad de conciencia al menor de edad, aún cuando asigna la tutela a los progenitores mientras forma su conciencia y se va construyendo su madurez física y mental, procurando el desarrollo de su personalidad de cara a favorecer su autonomía, todo ello en aras del superior interés del menor. ¿Dónde queda el interés superior del menor en esta adscripción forzada de l@s menores de edad? ¿A quién beneficia esta práctica abusiva, ventajista y autoritaria, sino a la propia Iglesia católica, que perpetúa su semillero  de creyentes, atrapándolos mucho antes de que tengan uso de razón y puedan elegir por sí mismos?

El Estado democrático debería asegurar, al menos, que l@s niñ@s reciben una educación que les ofrece pluralismo, contacto con, y conocimiento de diferentes alternativas, así como aptitudes para un razonamiento crítico respecto a ellas. Nada de esto está presente en el mensaje del autobús que se quiere “hacer oír”. Por eso no nos debe confundir el mensaje: no se trata de libertad sino de liberticidio.

Rivas Vaciamadrid, a 4 de marzo de 2017

Enrique Ruiz del Rosal

Enseñanza: maquillaje o pacto imposible

En el Congreso de los Diputados se ha formalizado -febrero de 2017-  la creación de la Subcomisión de Educación, que tiene como finalidad el poder llegar a un Pacto Educativo.  A una Ley de consenso.

Subcomision-Educacion-Congreso-2017-Pacto-Educativo

Francisco Delgado, Presidente de Europa Laica, publica un artículo en el que analiza la situación actual y estudias las posibilidades de que ese pacto llegue a buen fin.

Pulsa aquí para acceder al artículo.