fundamentos laicos

República y Laicismo

República y Laicismo.

Todas las constituciones españolas aprobadas en el siglo XIX bajo la Monarquía declaran que la religión oficial es la religión católica. Solamente el proyecto de Constitución de la 1ª República elaborado en 1873 proclama claramente la libertad de cultos (art.34) y separación Iglesia-Estado (art.35), la prohibición a las administraciones públicas de toda subvención directa o indirecta a la Iglesia católica o a cualquier otro culto.

 Ya en el siglo XX, el 14 de abril de 1931 se proclama la República gracias a la movilización popular.

En aquel momento la sociedad española sufría una enorme crisis económica derivada de la recesión mundial de finales de los años veinte. Había salarios de hambre en la industria, una elevada carestía de la vida, la mujer no tenía ningún peso en la sociedad y en la política. El campo estaba en manos de terratenientes y latifundistas, el 80% de la población era analfabeta.

Sin Embargo, la República se propuso modernizar la sociedad española, organizó la alfabetización de la población y la escolarización de los niños y niñas -creo cerca de 4000 escuelas en los dos primeros años de la república-, impulsó la cultura y las artes, implantó el matrimonio civil, aprobó el divorcio. Puso en marcha una ambiciosa reforma agraria.

La Constitución republicana de 1931 promulga claramente la laicidad del Estado con la plena separación Iglesia-Estado (art. 3), somete a las confesiones religiosas a una ley civil (art. 26), reconoce la libertad de conciencia de los ciudadanos -17 años antes de la DUDDHH (art. 27)- y proclama que la enseñanza será laica. (art. 48).

El triunfo de Franco en la guerra civil, apoyado sin fisuras por la jerarquía eclesiástica, termina con los avances en la construcción de un Estado laico que inició la II República. Con Franco, el Estado vuelve a ser oficialmente católico, y en 1953 se aprueba el Concordato con el Estado Vaticano que otorga enormes privilegios a la iglesia católica.

En 1978 se aprueba la Constitución actualmente en vigor, que reconoce los derechos y libertades fundamentales de las personas, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos aunque por ejemplo, no recoge ni de lejos el derecho a la libertad de conciencia reconocido en el art.18 DUDDHH[1]. También proclama la aconfesionalidad del Estado (art. 16.3) pero a continuación señala que Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Esto propicia la firma –un mes después de aprobada la Constitución- los Acuerdos con la Santa Sede del 79, que son un Tratado Internacional por encima de las Leyes, del mismo rango que Constitución Española, y que obliga a los poderes públicos, cuando existe conflicto, a inclinarse por la lectura confesional de la Constitución. ¿Dónde queda la igualdad ante la ley y la no discriminación del texto constitucional?

En el ámbito de la educación, la Constitución española vuelve a proporcionar una de cal y otra de arena. Así, el artículo 27 proclama que El objeto de la educación es el “pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, mientras que a continuación indica que Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Este párrafo pone los pelos de punta porque contradice el apartado anterior y coarta el desarrollo de la conciencia de los menores en libertad y sirve de excusa para enseñar dogmas religiosos en la escuela. De este artículo no se deduce que la formación religiosa deba impartirse en los centros de enseñanza ni que deba ser sufragada por el Estado, tal como se está haciendo.

Los defensores del laicismo llegamos a una conclusión elemental: la República es la forma de Estado que puede garantizar los principios laicistas de defensa de las libertades de los ciudadanos y la igualdad de éstos ante la ley, así como la separación del Estado de las iglesias. La Monarquía española está identificada con la iglesia católica e impide la construcción de un auténtico estado laico.

Los valores laicos de la Constitución de la II República no han sido alcanzados por nuestra actual Constitución, ni de lejos. Después del tiempo transcurrido desde la aprobación de la Constitución podemos afirmar que aún está pendiente la transición en materia de relaciones con la Iglesia católica. Es necesario eliminar los enormes poderes y privilegios económicos, jurídicos y simbólicos que mantiene la iglesia a día de hoy. Debemos organizarnos y defender los siguientes principios en todos los ámbitos:

  • El respeto a la Libertad de Conciencia y a la no discriminación, así como la autonomía de lo político y de la sociedad respecto a normas particulares, deben aplicarse a los necesarios debates que surgen y surgirán en relación a la sexualidad, a la muerte digna, a la emancipación de las mujeres, a la educación de los niños y niñas y a los matrimonios mixtos.
  • Creo, creemos, en un laicismo que interviene en la sociedad y que elimina los obstáculos que se oponen a la autonomía moral de las personas. Y los obstáculos hoy son la pobreza, la manipulación informativa, las relaciones de dominación (entre personas, entre clases y entre Estados) y el consumo irracional de objetos y recursos.
  • Son los “peligrosos y agresivos” laicistas los que trajeron la secularización de la vida pública, la libertad de cultos, el matrimonio civil, el divorcio, el matrimonio homosexual, la escuela pública y laica, la supresión de la censura eclesiástica, la proclamación de los derechos del Hombre y del Ciudadano.
  • El laicismo es garantía de búsqueda del interés común, libertad individual e igualdad ante la ley. Ser laicista es sinónimo de ejercer la democracia en profundidad.
  • A los partidos que se definan laicistas debemos exigirles que sean consecuentes y que transformen en leyes su aparente voluntad laicista.
  • Llamar a todas las organizaciones sociales y sindicales para que perciban que está en juego la calidad de nuestra convivencia democrática y nuestra propia condición de ciudadanos libres e iguales, pues sólo en un contexto de libertad de creencias e igualdad de todas ellas será posible articular la convivencia ciudadana en una sociedad tan compleja.
  • Instamos a la creación de plataformas cívicas que comiencen a configurar una mayoría social activa que trabaje por el laicismo.

El Laicismo y el PSOE

A principios del año 2013 el Partido Socialista realizó una batería de preguntas al Gobierno, a través del Congreso de los Diputados, Quería conocer a cuánto asciende el montante de que se beneficia la Iglesia católica en virtud de las exenciones y bonificaciones fiscales y otro tipo de subvenciones en el marco de los Acuerdos con la Santa Sede (1979).

Las preguntas al Gobierno del PP han versado acerca de cuánto le cuesta al Estado anualmente:

1) que la Ic no esté sujeta a los impuestos sobre la renta o consumo;

2) que esté exenta total y permanentemente de la contribución territorial urbana sus edificios, locales anejos, capillas, residencias de obispos, seminarios, universidades, casas, conventos, congregaciones e institutos de vida consagrada;

3) que esté exenta total y permanentemente de los impuestos reales y de producto sobre la renta y patrimonio, así como de los de sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales, de las contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia.

Asimismo, pregunta el PSOE al Gobierno del PP, cuántos religiosos prestan asistencia en el ejército y en establecimientos penitenciarios, hospitales, sanatorios, orfanatos y centros similares, tanto privados como públicos. Igualmente se interesa por el coste anual de dicha asistencia, que viene impuesta  por los citados Acuerdos de 1979.

La organización Europa Laica estima que los ingresos directos o indirectos más los beneficios fiscales anuales de la iglesia católica ascienden a 11.000 millones de euros. Los Acuerdos con la Santa Sede han sido un tema tabú en la trayectoria política del PSOE desde la Transición. Las relaciones con la Iglesia católica han estado dominadas por el secretismo, la rendición de pleitesía ante la jerarquía católica y un completo y permanente entreguismo a los intereses simbólicos, educativos y económicos de la Corporación católica. Basten dos ejemplos: seguimos sin conocer las respuestas a las preguntas anteriores; los datos de la recaudación de las marcas de asignaciones tributarias en las declaraciones de la renta las conocemos todos los años en rueda de prensa de los obispos españoles, nunca por parte de la agencia tributaria, que solo le proporciona esta información a la Conferencia Episcopal.

Pero las políticas a favor de la iglesia católica por parte de los gobiernos socialistas siempre han sido muy claras:

  • El gobierno de Felipe González aprobó y puso en marcha los conciertos educativos con los colegios privados, mayoritariamente de ideario católico, en detrimento de la inversión para la construcción y mejora de escuelas públicas desarrollada pocos años antes por el gobierno de Adolfo Suárez en aplicación de los pactos de la Moncloa.
  • En 2007 se renuevan los acuerdos con la iglesia de 1979 por el que su incrementa el porcentaje de la asignación tributaria de los españoles que marcan la cruz a favor de la iglesia del 0,52% al 0,7%.
  • Ya en 2008 Jáuregui, secretario del Grupo parlamentario Socialista, ante sendas proposiciones no de ley de IU y el Grupo Mixto para eliminar la Biblia y el crucifijo de las tomas de posesión de los ministros y ministras y para revisar los Acuerdos de 1979, afirmó durante el debate que “el crucifijo está de más” para, a continuación votar en contra de ambas proposiciones.
  • En agosto de 2011, tras visitar al Papa Benedicto, el propio presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero manifestaría que no había necesidad de tocar los Acuerdos con la Santa Sede, pues “hasta ahora han funcionado razonablemente bien”.
  • Ya en la oposición, el PSOE aprobó las siguientes conclusiones en relación a la laicidad del Estado en su conferencia política de finales de 2013:
    • Denuncia de los acuerdos con el Vaticano
    • Apuesta por la autofinanciación de todas las confesiones religiosas
    • Defensa la escuela pública laica y afirma, en consecuencia, que no tiene cabida en ella la enseñanza curricular de la religión. ni tampoco en horario escolar.
    • La Iglesia Católica pagará el IBI de todas aquellas propiedades que no sean de exclusivo uso para culto (por tanto, las iglesias quedarían excluidas del pago de este impuesto, igual que lo están las instituciones culturales sin ánimo de lucro).
    • Compromiso de impulsar una Ley de libertad religiosa, de libertad de conciencia y de libertad de culto.
  • Hace pocos meses, en diciembre de 2013, el PSOE presentó en el Congreso una proposición para instar al Gobierno a denunciar los acuerdos con la Santa Sede. El diputado Ramón Jáuregui, matizó sin embargo el alcance de esa medida: “No descartamos ninguna posibilidad. La denuncia de los acuerdos puede implicar una ruptura o un Concordato nuevo, una revisión de las relaciones que garantice la igualdad de trato hacia el resto de confesiones, aunque haya singularidades”.

Desde las organizaciones laicistas saludamos y nos felicitamos de estas iniciativas, pero muchos mostramos desconfianza sobre ello, a la vista de la historia reciente que he comentado brevemente. Cuánto me suena el famoso “acuerdos, … de entrada, no” de tan infausta memoria. La primera oportunidad tras la conferencia del año pasado la ha habido en la elaboración del programa electoral para el parlamento europeo de este mes y he de decir que desgraciadamente, no he encontrado en él ninguna referencia los principios del laicismo.

Europa Laica ha aprobado hace unas semanas la Carta Europea por la laicidad y la libertad de conciencia, que se presentará en Madrid el próximo viernes. En ella se declara que la laicidad debe formar parte de todo proyecto jurídico y político de un Estado Democrático y de Derecho y por tanto -también- de las organizaciones de ámbito superior que los pueblos europeos acuerden libremente construir para extender y unificar sus conquistas sociales y democráticas.

Las instituciones europeas y de los estados miembros deben promover y garantizar la plena libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión.

Debe respetarse la estricta separación de los estados respecto a las confesiones religiosas o creencias de cualquier tipo eliminando y evitando cualquier acuerdo o concordato con las confesiones religiosas que supongan algún privilegio o  intromisión de éstas en el ámbito público.

Los estados miembros no deben reconocer al Vaticano como un Estado.

Todos los países europeos garantizarán una Educación Pública, Democrática y Laica a la ciudadanía conformada hacia el desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, la igualdad y la plena ciudadanía, a través de contenidos curriculares universales de carácter científico, artístico y humanístico, sin ninguna presencia de adoctrinamiento religioso en el currículum ni en la simbología.

Los laicistas queremos, sobre todo, reflexionar, compartir un sueño, una utopía universal, un proyecto político y jurídico, en donde la laicidad de las instituciones y la libertad de conciencia, inunden todos los pueblos de la Europa y de la Tierra, con un total respeto hacia todo tipo de convicciones, en el marco de los principios democráticos, de justicia, de igualdad y de no discriminación, que proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Rivas, mayo de 2014

[1] Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado

Curso básico de laicismo

Nos complace informarte de la celebración de un NUEVO CURSO BÁSICO DE LAICISMO que se realizará entre el 27 de enero y el 3 marzo (6 sesiones, martes, 19:00 h.). El curso es GRATUITO.

El curso está organizado conjuntamente por EUROPA LAICA y el Club de Amigos de la Unesco de Madrid (CAUM), desarrollándose en la sede del CAUM (c/ Atocha, 20 – 1º izquierda – Madrid).

Los temas que se tratarán en cada una de las sesiones son los siguientes:

• CONCEPTOS BÁSICOS DE LAICISMO. LIBERTAD DE CONCIENCIA (27 enero)

• LEGISLACIÓN Y RELIGIÓN. CONCORDATOS. CONSTITUCIÓN 1978. LEYES DIVERSAS (3 febrero)

• FINANCIACIÓN DE LAS RELIGIONES EN ESPAÑA (10 febrero)

• ESCUELA PÚBLICA Y LAICISMO (17 febrero)

• LAICISMO Y MULTICULTURALISMO (24 febrero)

• MUJERES, PATRIARCADO, RELIGIÓN Y LAICISMO (3 marzo)

El curso es GRATUITO, apuntándose previamente. Basta con mandar correo al coordinador del curso, Antonio G. Boldo (correo: aboldo@hotmail.com), solicitando inscripción y facilitando tu nombre y apellidos. Las plazas son limitadas (aforo local).

Tienes toda la información detallada en el folleto adjunto (objetivos, ponentes, lecturas…).
Curso básico de laicismo.

Te esperamos. Saludos cordiales. EUROPA LAICA-MADRID.

AGRADECEMOS DIFUSIÓN

Laicismo y mujer

Mucho ha llovido desde que el 8 de marzo de 1908 se produjera un incendio en una fábrica textil de Nueva York que costó la vida de 130 mujeres obreras que reclamaban iguales derechos laborales que los hombres.
Cincuenta y un año antes, el 8 de marzo de 1857, las obreras del textil realizaron una gran huelga y, exigiendo el derecho a trabajar y mejores condiciones laborales, se manifestaron por las calles de Nueva York.
Sesenta y ocho años antes, en 1789, las mujeres de París marchaban hacia Versalles al grito de “libertad, igualdad y fraternidad”, exigiendo durante la Revolución Francesa el derecho de voto para la mujer. Dos años después, en 1791, Olimpia de Gouges redactó y presentó a la Asamblea Nacional Francesa la “Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana” que, tras reivindicar la dignidad de las mujeres y sus derechos y libertades fundamentales, le acabaría costando la vida en la guillotina.
Cuando en 1910, también un 8 de marzo, Clara Zetkin propuso, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, que se celebrara todos los años el Día de la Mujer, por los derechos y libertades de todas las mujeres del mundo, quedó aprobada su propuesta. Al año siguiente se celebró en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, el Día Internacional de la Mujer, exigiendo no sólo el derecho al voto y a ejercer cargos públicos, sino también el derecho al trabajo, a la formación profesional y el fin de la discriminación laboral.
En 1952 la ONU instituyó el 8 de marzo como “Día Internacional de la Mujer”. Y desde 1975 hasta 1995, esta misma organización ha realizado 4 Conferencias Mundiales sobre la Mujer.
Esta larga lucha de las mujeres por alcanzar la plenitud de sus derechos que, formalmente, se ha terminado reconociendo al ser humano en su vertiente masculina, ha tenido siempre como muralla a la institución del patriarcado. Esta estructura social, el patriarcado, sitúa la supremacía del varón en el centro de la sociedad y sus ideas, valores, costumbres y sentimientos son los predominantes. Prácticamente todas las sociedades conocidas en la historia se han basado, y se siguen basando, en el patriarcado.
La institución patriarcal está basada en la supremacía masculina institucionalizada y, a su vez, la perpetúa. Al mismo tiempo, exige una mujer sumisa, sometida, inferior y dependiente, sin derecho a una identidad propia: tan sólo reflejo de la identidad masculina. Conviene retener este sencillo esquema, pues es el origen de toda la violencia machista desencadenada contra la mujer.
La filosofía, el derecho y la historia han cristalizado esta ideología patriarcal hasta formar parte de los valores y comportamientos sociales. De esta forma, incluso cuando se promulgaban declaraciones de derechos humanos, los derechos de las mujeres resultaban invisibles, así como sus necesidades. Por ello, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, se vio obligada a reconocer que “los derechos de la mujer y la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales”. Asimismo, declaró que la violencia ejercida contra las mujeres era, también, una violación de los derechos humanos.
La lucha feminista ha conseguido colocar en la agenda pública mundial los problemas de la mujer, sus derechos y, especialmente, la violencia de que es objeto, tanto en el ámbito privado como en los conflictos internacionales.
Pero aunque, como decía al principio, ha llovido mucho, tiene que seguir lloviendo mucho más en los procesos de igualación social entre hombres y mujeres, porque ello condiciona, día a día, el ejercicio real de los derechos y libertades de estas últimas.

II

Cuando en 1789 se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano, se enumeran los derechos que poseían los hombres, no como género humano, sino como personas del género masculino. Y esta concepción de la igualdad y de la libertad ha estado vigente en todas las Constituciones y códigos jurídicos durante más de dos siglos. Las mujeres no formaban parte de los iguales: merced al contrato sexual que las sometía a los hombres, no podían ejercer como sujetos autónomos.
Los distintos movimientos de mujeres a nivel mundial han luchado por reformular globalmente los Derechos Humanos desde una perspectiva de género, dado que las necesidades y demandas de las mujeres resultaban invisibles en la sociedad y en las leyes. Obviamente, la violación de sus derechos no era considerado violación de los Derechos Humanos.
Hasta 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena, la comunidad internacional no reconocería que los derechos de la mujer formaban parte indivisible de los derechos humanos universales. En este momento se urge a los Estados a establecer programas de educación en derechos humanos. Fue, sin duda, un importante avance en el reconocimiento de la discriminación y la violencia contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres, como violación de sus derechos humanos.
Así pues, en teoría se reconoce el derecho de las mujeres a la igualdad, a la libertad y a su integridad personal. En la práctica sigue siendo un objetivo inalcanzable en la mayoría de los países del mundo.
Esta práctica cotidiana provoca que entre 2 y 3 millones de mujeres o niñas pierdan, cada año, la vida a causa de la violencia o el abandono por el hecho de ser mujeres. Esto significa que cada 2/4 años se alcanza un número de víctimas equiparable al Holocausto nazi: el Holocausto Femenino.
Los derechos humanos de las mujeres son violados sistemáticamente en todos los países, en todas las clases sociales, en todas las etnias. Si agrupamos las tres grandes áreas de derechos violados, podríamos hablar de:

1.- Violaciones al derecho de libertad
• A la libertad de conciencia, de expresión, de reunión y asociación: la mujer debe subordinar su pensamiento y su conducta a los del hombre, sea padre, esposo, amante, hermano o hijo.
• A la libertad de movimientos: el esposo, padre o compañero, impiden que la mujer trabaje, estudie o salga sin su autorización.
• Al libre desarrollo de la personalidad: desde que nace su cultura patriarcal de dependencia y subordinación limita su desarrollo en todos los ámbitos.
• Al propio control de su cuerpo y de su sexualidad.

2.- Violaciones al derecho a la igualdad
• Cuando se niega o limita el acceso a la toma de decisiones y al poder político en igualdad de derechos y oportunidades con el hombre.
• Cuando el sistema judicial trata a las mujeres en forma discriminatoria, en los casos de violación, abuso sexual o violencia machista, donde los procedimientos son inadecuados, se desconoce el manejo de estas situaciones por los funcionarios y, en muchos casos, las víctimas son consideradas responsebles de la violencia en su contra.
• Cuando se niega un acceso adecuado a los servicios de salud, nutrición o planificación familiar.
• Cuando se niega o dificulta su acceso a la educación. Ésta es una herramienta importante para combatir los estereotipos sexuales y las conductas que atentan contra sus derechos.

3.- Violaciones al derecho a la integridad personal
• Violencia física, psíquica, sexual y económica en las relaciones familiares y de pareja.
• Abuso sexual y estupro, especialmente los incestuosos.
• Violencia social en la comunidad: violaciones, abusos sexuales, hostigamiento e intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educativas, en la administración de justicia y en otros ámbitos.
• Prostitución y tráfico de mujeres y niñas.
• Asesinato de mujeres por maridos, ex-maridos, amantes y familiares.
• Mutilaciones genitales por razones religiosas.
• Violaciones como arma de guerra en los conflictos.
• Esterilización forzada, aborto forzado, anticoncepción forzada, infanticidio de niñas y determinación prenatal del sexo.

Así pues, esta violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres exige, en primer lugar, trabajar por el reconocimiento legal de sus derechos o, en caso de existir éstos, reformular la legislación existente, poniendo el acento en la protección de sus derechos en materia penal, civil o administrativa. Todo ello orientado a prevenir o sancionar cualquier conducta violenta contra la mujer y sus derechos humanos.
Por último, y simultáneamente, deben desarrollarse potentes programas de información y formación, para todas las edades y a toda la población, que tengan como diana los comportamientos patriarcales y machistas, y que difundan los derechos de la mujer, especialmente en el ámbito de su libertad, su igualdad y su integridad personal.

III

Las manifestaciones del patriarcado son constantes en la cultura occidental. Los clásicos griegos están plagados de violaciones, raptos y malos tratos a las mujeres; su mitología está sembrada de dioses violentos y agresivos. Ya Aristóteles, el fundador de la filosofía clásica, dividía a los humanos en un sexo fuerte y otro débil e inferior. Con sus textos ponía la primera piedra para justificar la marginación femenina en la sociedad.
El poder que el hombre ejercía sobre la mujer, y por tanto, el control sobre ésta, vino a reforzarse con la aparición de los grandes monoteísmos: Yahvé, Dios y Alá, sucesivamente. Con la creencia en un solo dios masculino y omnipotente, las mujeres se vuelven invisibles en la sociedad y se disuelven en el ámbito privado. Desde entonces las religiones asignarán las posiciones sociales de hombres y mujeres y determinarán sus formas de pensar, sus relaciones y sus comportamientos.
Las religiones monoteístas detestan a las mujeres a través de sus textos: el hombre a imagen de su dios, la mujer subproducto de una costilla, serpiente que habla y ofrece sabiduría, mujer tentada y, a su vez, tentadora para siempre, la impureza (maldición) de su menstruación. Continuas son las referencias misóginas en la Biblia, la Torá y el Corán, con una única finalidad: el control de la mujer por el varón y su mantenimiento en posiciones subalternas y sumisas en el ámbito social. Y siempre el gran principio de la desigualdad en dignidad y derechos en el frontispicio de sus tradiciones.
Para la Iglesia católica (Ic, en adelante), el destino de la mujer ha sido, y sigue siendo, ser esposa, formar una familia, recibir los hijos que dios quiera, educarlos, cuidarlos y sufrir con resignación las consecuencias negativas de todo este entramado. La familia, para la Iglesia, tiene prioridad sobre los derechos individuales de las mujeres.
Pero donde se sustenta la misión reproductora (biológica y de la fuerza de trabajo) de la mujer es en su educación. En este terreno, el dominio de la Ic, hasta el breve período de la 2ª República, fue absoluto. Durante todo el s. XIX y las primeras décadas del s. XX, la Ic se opuso a extender la alfabetización pública y la educación general de las niñas, con el patético argumento de que así permanecerían en “estado de gracia” al no verse expuestas a doctrinas heréticas, liberales o socialistas.
Ya Pío XI en la encíclica Divini illius magistri (1929) establecía que la misión de educar correspondía, “ante todo y sobre todo” a la Iglesia y a la Familia, y ello lógicamente “por derecho natural y divino”. Asimismo, denunciaba la coeducación como un error “por partir del naturalismo negador del pecado original” (¿?). Para la Ic la convivencia promiscua de niños y niñas en una misma aula avalaba la igualdad niveladora entre ambos sexos, y ello era “antinatural”.
En realidad, tras el miedo a la coeducación latía, y sigue latiendo, el miedo a la emancipación de las mujeres, que el mismo Pío XI, en la encíclica Casti Connubi, definía como “corrupción del carácter propio de la mujer y de su dignidad de madre; es trastorno de toda la sociedad familiar, con lo cual al marido se le priva de la esposa, a los hijos de la madre y a todo el hogar doméstico del custodio que la vigila siempre”. Así, no es de extrañar que tras el golpe de Estado contra la 2ª República, el ejército rebelde aboliera la coeducación, en 1936, con argumentos como éste: “con la supresión de esta inmundicia moral y pedagógica que se llamaba coeducación, hemos dado el primer paso hacia una verdadera formación de la mujer”.
No se piense que esta visión de la mujer por parte de la Ic ha variado mucho. Ya no es socialmente aceptable utilizar el mismo lenguaje, pero el contenido permanece. En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijin (1995), la Iglesia católica se mostró muy interesada en “clarificar la plena verdad sobre la mujer”. Para ello Juan Pablo II dirigió una Carta a las mujeres “aclarando” la identidad y posición social de éstas: “En la creación de la mujer está inscrito, pues, desde el inicio, el principio de la ayuda” (al hombre, por supuesto). Así, el intento de salirse de los roles asistenciales, familia, educación o sanidad, se vería como un proceso de “masculinización”.
Y éste es uno de los aspectos principales que denunció el Pontificio Consejo para la Familia en su documento Familia y derechos humanos: “la creciente masculinización de la mujer”, consecuencia de la “igualdad indiferenciada”, producto a su vez de ideologías “anti-vida y anti-familia y destructoras de las naciones”. Así pues, para la Ic hombres y mujeres somos diferentes, lo cual es una obviedad; pero mantener que unos y otras debemos tener distintos derechos individuales, es una aberración ideológica y una inmoralidad.
La Iglesia católica (Ic) nunca ha aceptado la igualdad de la mujer en derechos respeto al hombre. La poderosa maquinaria eclesiástica no le ha concedido a la mujer los mismos derechos que a los hombres en el seno de su Iglesia, ni se los concede actualmente en el ámbito social. Y la prueba más evidente es que la Santa Sede no ha firmado todavía la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer (1952), la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer (1967), ni la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), entre otros convenios internacionales.
Esta poderosa monarquía absoluta anacrónica que es la Ic, no puede aceptar el texto íntegro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y no puede aceptarlo porque no acepta la igualdad jurídica real entre hombres y mujeres, ni la libertad de conciencia, de expresión o de enseñanza. Cada vez que la Ic nos habla de que “se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad”, (canon 208 del Código de Derecho Canónico), sabemos que es palabrería, retórica de la igualdad, pues entre sus fieles no existe igualdad en derechos entre hombres y mujeres. Y fuera de su Iglesia, menos aún la reconoce.
Por lo tanto, mientras la jerarquía católica siga sin reconocer sus derechos individuales a las mujeres en todos los ámbitos, en igualdad de condiciones a los hombres, no tendrá ninguna credibilidad social y su autoridad moral será nula. La Iglesia católica no está en condiciones de dar lecciones de ética ni sobre derechos humanos a nadie. Sencillamente, no tiene ninguna autoridad moral.

IV

En el caso de la religión musulmana, el papel subordinado de la mujer, al igual que en el mundo católico, la mantiene atrapada en un sistema estrictamente patriarcal, que se ve agravado por la férrea identificación del poder religioso con el poder civil.
Las luchas de los países arabo-musulmanes contra la colonización se articuló en torno a valores visceralmente antioccidentales y facilitó que estos procesos revolucionarios hundieran sus raíces en la “tradición”, lo que a u vez les alejaba de la posibilidad de búsqueda de una identidad moderna, basada en unos principios racionalistas. De hecho, el Estado musulmán moderno nunca se ha presentado como laico (salvo Turquía).
Resulta difícil entender la dicotomía Islam-Democracia sin un somero repaso de su texto fundamental, el Corán, en la perspectiva de la Carta de las Naciones Unidas, por la que se proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, firmada en 1945. En este último texto, firmado entre los primeros Estados por Arabia Saudita, Siria, Egipto, Líbano, Irán y Turquía, se reconoce en su artículo 18 el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y, lógicamente, el derecho a “cambiar de religión o convicción”. Por el contrario, la Shari´a la condena, en su interpretación oficial, articulándola en torno a la ta´a, la obediencia.
La mayoría de los países arabo-musulmanes, a pesar de haber firmado la citada Declaración, que se configura como superior a todas las leyes locales y, por tanto, a las propias constituciones, han velado su difusión en el interior de sus fronteras. Lejos de aprovechar resta oportunidad para divulgar y extender el conocimiento de estos derechos universales, proclamados en 1948, los gobernantes musulmanes le pusieron el hiyab (el velo). Divulgar conceptos como libertad de pensamiento o libertad de conciencia, o reconocer el derecho a cambiar libremente “de religión o convicción”, hubiera obligado a plantear las bases políticas, jurídicas y filosóficas del Estado laico. Ese hubiera sido el gran debate de la modernidad en el mundo arabo-musulmán.
Por el contrario, por las fisuras por donde l@s ciudadan@s podrían haber introducido aires de librepensamiento, de igualdad o de participación cívica en los Estados musulmanes, éstos hacían uso (y abuso) de cláusulas de reserva o enmiendas a la Carta y a las convenciones internacionales (al igual que la Iglesia católica). Un solo botón de muestra: cuando el 8 de diciembre de 1979 la República egipcia presentó sus enmiendas al artículo 9 de la Convención sobre “la eliminación de todas las forma de discriminación con respecto a la mujer”, los argumentos que presentaron como “reserva” a la igualdad hombre-mujer, en relación con el matrimonio, afirmaban que “no deben ir en contra de las disposiciones de la Shari´a,…, que halla su manantial en profundas convicciones religiosas, que no estaríamos en condiciones de transgredir,…”. Sin comentarios. Por lo tanto, firman la Convención y son Estados muy modernos, pero por otro lado, hacen uso del “derecho de reserva” y afirmo lo contrario.
Lo dicho no puede hacernos olvidar que en los países arabo-musulmanes miles de mujeres y hombres luchan diariamente, desde distintas coordenadas políticas y sociales, por ampliar sus derechos y libertades y contra los autoritarismos de todo tipo, en condiciones de máxima represión y con un saldo de miles de prisioneros políticos, torturados, encarcelados o ejecutados. Y al frente de ellos, miles de mujeres musulmanas o laicas están poniendo en tela de juicio siglos de misoginia y opresión.
Los códigos civiles musulmanes reproducen en sus artículos los esquemas patriarcales de una familia donde se debe la ta´a (obediencia) y donde la voluntad del jefe anula todas las demás voluntades individuales. Y esos códigos contrarios a los derechos y libertades reconocidos en la Declaración de 1948, y que los Estados antidemocráticos musulmanes defienden como sagrados, están siendo rechazados, cada vez, por mayor número de mujeres y hombres.
Otro aspecto a tener en cuenta es el factor de clase y su consiguiente influencia económica en el seno de cada Estado. Las mujeres del proletariado urbano o del mundo rural deben soportar, en mucha mayor medida, el peso de la tradición musulmana, con su consiguiente carga patriarcal. Su desigual acceso a la educación y a la sanidad pública, las sitúa en franca desventaja. Aunque se van abriendo brechas en las estructuras patriarcales en el entorno rural a medida que avanza la sociedad urbana, y ello provoca cambios en los comportamientos demográficos y laborales, es en los niveles económicos urbanos de mayores ingresos donde se sitúa el punto crítico del conflicto: allí donde las mujeres musulmanas (al igual que en las democracias occidentales) se están descubriendo como sujeto de derechos y libertades, es decir, como ciudadanas.
Si a menudo, para l@s hij@s de los pobres sólo existe la escuela coránica, l@s hij@s de los que tienen capacidad económica pueden acceder a los dos saberes, el moderno y el tradicional y, en muchos casos, pueden estudiar en el extranjero, lo que provoca una auténtica sima entre los universos culturales de l@s hij@s de los musulmanes, según su clase social e ingresos. Lógicamente, las posibilidades de encontrar empleo dependen de que se dominen los saberes “modernos”. Por el contrario, los petrodólares que se invierten por todo el mundo promoverán sólo el saber tradicional, para salvaguardar la asala (especificidad), cultivar la ta´a (obediencia), la autoridad y la docilidad. Es el caso de las grandes mezquitas del mundo occidental.
Por más que puedan atribuirse diferentes interpretaciones del libro sagrado de los musulmanes, es evidente que el Corán elabora y difunde un cuerpo doctrinal profundamente patriarcal, y por tanto machista. Sin ánimo de resultar exhaustivo, se pueden citar algunas referencias:
• Sura 33: a propósito de las esposas de Mahoma, Dios ordena que se “queden en sus casas” y que “se cubran con el manto”, para que “se las distinga y no sean molestadas”. Asimismo, está prohibido a los creyentes casarse con ellas, una vez repudiadas o muerto el Profeta.
• Sura 4: a propósito del repudio, tanto en caso de deshonestidad de la esposa como por el deseo del marido de cambiar de esposa, con cuatro testigos de deshonestidad, el esposo tiene derecho a recluirla “hasta que muera” o “hasta que Dios le procure una salida” (¿Arrepentimiento?). En esta misma sura se establece la superioridad masculina sobre la mujer y, por tanto, la sumisión que se le exige a la mujer “virtuosa”: “¡Amonestad a aquellas de quienes temáis que se rebelen, dejadlas solas en el lecho, pegadles! Si os obedecen, no os metáis más con ellas. Dios es excelso, grande”.
• Sura 2: la incitación a la copulación frecuente (en el ámbito conyugal), se expresa como: “vuestras mujeres son campo labrado para vosotros. ¡Venid, pues, a vuestro campo como queráis…”, salvo en período menstrual, ya que “la menstruación es un mal…Manteneos pues aparte de las mujeres durante la menstruación y no os acerquéis a ellas hasta que se hayan purificado!…”.

Otra característica del texto del Corán (como de la Biblia) es que la mujer no existe como ser individual con necesidades afectivas y sexuales; su personalidad y sus deseos nunca son tenidos en cuenta. Tanto en la Tierra como en el Paraíso, el hombre es el único sujeto de atención material y sexual. Resulta difícil comprender la relación de pareja sin tener en cuenta las necesidades materiales, emocionales y sexuales de la mujer.
Asimismo, el comportamiento cultural y social dominante en el mundo musulmán establece que las mujeres no pueden elegir marido sin el consentimiento del padre, tío o hermano, ni tener relaciones sexuales prematrimoniales, ni separarse sin su consentimiento, ni circular libremente en el espacio público (con las consiguientes diferencias entre naciones y clases sociales diferentes). Y para que este sistema patriarcal siga funcionando, los detentadores del poder deben evitar a toda costa la separación del poder religioso del poder político, fundamentándolo en que la legitimidad proviene de dios. En la práctica, es el mismo mensaje que propaga la Iglesia católica.

Laicismo y derecho moral

Cuando en 1983 José María Ruiz Gallardón, padre del actual Ministro de Justicia, recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC, en adelante), en nombre de AP (antigua denominación del actual PP) la normativa que pretendía regular la interrupción voluntaria del embarazo (IVE, en adelante), sólo consiguió una cosa: retrasar la puesta en marcha de la nueva norma dos años, hasta 1985.
La nueva ley no legalizaba la IVE, tan sólo la despenalizaba en tres supuestos concretos: grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la embarazada (sin plazo), violación (12 primera semanas) o graves taras físicas o psíquicas del feto (22 primeras semanas). Además provocaba una extrema inseguridad jurídica a las mujeres, que quedaban inermes ante cualquier denuncia, y a los propios médicos, por lo que la práctica totalidad de las intervenciones se realizaba en clínicas privadas (se sigue realizando con la actual normativa), permaneciendo al margen de la sanidad pública. En definitiva, a la mujer no se le reconocía autonomía de juicio y capacidad de cisión responsable.
Con todo, la entrada en vigor de la nueva ley permitió acabar con los abortos clandestinos, que provocaban la muerte de más de 300 mujeres cada año. Claro que esto no pudo suceder hasta que en 1985 el TC declaró la constitucionalidad de los tres supuestos aludidos. El TC en sentencia de 1985, en respuesta al recurso que puso AP contra la Ley, oponiéndose a la despenalización, estableció que: a) los tres supuestos de despenalización contemplados eran constitucionales; b) siendo digno de protección jurídica el feto, es constitucional que prevalezca el derecho de la gestante; c) en caso de violación, no se puede exigir a la mujer “soportar las consecuencias de un acto de tal naturaleza”, porque atenta contra su dignidad, dado que la mujer no es un “mero instrumento”; d) en caso de graves taras físicas o psíquicas en el feto, no se le puede imponer a la mujer una conducta que excede de la que normalmente es exigible a la madre y a la familia; e) en relación con la IVE, conviene que el Estado legisle “en línea de lo que sucede en la regulación positiva de los países de nuestro entorno”.
La ley aprobada en 2010 a propuesta del PSOE, supuso un paso muy importante, aunque no exento de graves deficiencias, en el reconocimiento de los derechos de las mujeres: reconoció la IVE como un derecho, sustituyó los tres supuestos por plazos y lo inscribió en el marco de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En realidad no hacía más que seguir la senda que sugería la Sentencia del TC 53/1985, que en su Fundamento Jurídico 12 aconsejaba legislar “en línea de lo que sucede en la regulación positiva de los países de nuestro entorno” y, como recordaba la Asociación de Mujeres Juristas Themis, seguir la Resolución 1607/2008, del Consejo de Europa, que recomendaba una ley de plazos. Treinta y dos de los cuarenta y siete países integrados en el Consejo de Europa en 2008 disponían de sistemas de plazos. Así pues, en contra de lo que han propagado los voceros clericales, la derecha anti-derechos y la caverna mediática, la vigente ley cumple el mandato del Constitucional de alinearnos jurídicamente con los países de nuestro entorno.
Veintiocho años después de que su padre recurriera la legislación de 1983, el hijo del entonces portavoz de la derecha se ha propuesto desbaratar la actual legislación en la materia, en nombre del mismo partido, el PP actual, para volver a regirnos por una norma que ellos mismos, con su padre a la cabeza, denunciaron por “inconstitucional”. Con la diferencia de que no van a tener el “detalle” de esperar que el TC dicte sentencia. Han tomado las riendas del Gobierno con enormes ansias de seguir avanzando…hacia el pasado.
No importa que no haya existido “efecto llamada” con la nueva legislación (sólo un 1,3% de incremento de IVE,s) en 2010 respecto al año anterior; no importa que la tasa de IVE,s por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años apenas haya variado en los dos últimos años; no importa que hayan desaparecido los abortos clandestinos; no importa que las IVE,s en chicas de 16-17 años no hayan sido un “coladero”, como amenazaba el PP, pues se mantienen prácticamente estables; no importa cómo haya podido influir en estas cifras el que las adolescentes hayan estado mejor informadas (aunque no se haya desarrollado plenamente este aspecto de la ley); no importa que hayan dispuesto de más medios anticonceptivos para prevenir los embarazos no deseados; no importa que sea una barbaridad jurídica y una aberración ideológica equiparar la IVE al homicidio, como hacen las organizaciones anti-derechos, la jerarquía católica y no pocos políticos del PP. Todo eso no importa.
Porque en realidad no estamos ante un problema de naturaleza científico-médica o jurídica: la cuestión es fundamentalmente ideológica y moral. Se trata de derechos de las mujeres frente a dogmas religiosos; del poder clerical de una determinada casta sobre la sociedad (no confundir con el conjunto de personas con creencias religiosas) frente a valores laicos de autonomía de la mujer y respeto de su libertad de conciencia.
En nuestro país, en el que a pesar de la supuesta aconfesionalidad del Estado es tan profunda la imbricación de los intereses eclesiales con el ámbito de lo público, tanto en la enseñanza como en la financiación de sus demás actividades, así como en el ámbito jurídico, la jerarquía católica pretende que lo que a su juicio sea pecado, se considere delito por las leyes civiles y penales.
Sin embargo, para el laicismo, desde una óptica de autonomía de la conciencia, el derecho y el Estado no tienen entre sus cometidos afirmar o negar ninguna moral particular. De ahí que el Estado no deba interferir en la moral de las personas, así como éste no debe permitir ninguna interferencia de morales particulares en su seno. Por lo tanto, el derecho no debe ponerse al servicio de ninguna moral ¿Cómo si no podría conjugarse que estemos tod@s sujetos al mismo derecho, desde la diversidad moral existente en la sociedad?
Cierto que pensamos de distinta forma, cierto que existen múltiples creencias (religiosas o no), cierto que partimos de distintos valores morales. Ése es el contexto del que parte el laicismo: el pluralismo ideológico y moral. Y este reconocimiento del pluralismo, que parece obvio, no lo es para los colectivos anti-derechos o los partidarios de la jerarquía clerical.
Si tú piensas que un embrión, o el feto, equivalen a una persona, y yo que no, es algo que no puede dilucidarse científicamente. Ambos son juicios de valor (aunque yo lo tenga muy claro), directamente relacionados con la libertad de conciencia de cada un@. El hecho de que el plazo de interrupción del embarazo oscile entre las 12 semanas (Italia) y las 24 (Holanda, Inglaterra) no tiene ninguna significación biológica, sino más bien se remite a un plazo necesario para que la mujer pueda ejercer su LC y, por tanto, su autonomía moral, que es la base de su dignidad como persona.
Y es este binomio autonomía-dignidad el que impide considerar a la mujer como un simple receptáculo de espermatozoides, y al embrión, o al feto como un simple “subproducto” biológico independiente de su voluntad. Es la mujer, en el ejercicio de su autonomía moral (y por tanto de su dignidad) la que debe decidir si lo que lleva en su vientre es “algo” deseado y, por tanto, susceptible de nacer y convertirse en persona, o si por el contrario, es “algo” no deseado y, en consecuencia opta por interrumpir el embarazo. En ambos casos, a la naturaleza biológica de la decisión la precede un acto moral de voluntad.
Por otra parte, es evidente que existen numerosas personas con creencias religiosas que comparten esta concepción moral de la mujer, basada en su libertad de conciencia y en la autonomía de su voluntad. Pero también otras muchas que, aun considerando que la interrupción es inmoral, aceptan la separación entre el derecho como sistema regulador de intereses generales y la moral particular de cada persona, que forma parte de un principio básico de cualquier Estado constitucional de carácter no ya laico, sino “simplemente” aconfesional.
Así pues, hay muchas personas que aun cuando tienen creencias religiosas (católicas, en este caso) no confunden derecho y moral, y no pretenden que aquello que no está de acuerdo a su moral se inscriba en el derecho penal y sea considerado delito.
Sin embargo, también existe un gran número de personas que inspiradas y azuzadas por la jerarquía católica, y con la inestimable colaboración política del PP, sitúan la afirmación de sus principios morales en directa conexión con el derecho penal, pretendiendo que prevalezca su moral particular por encima de los intereses reales de las personas de carne y hueso, con independencia de los sufrimientos que inflijan a decenas de miles de mujeres, o de los derechos específicos que pisoteen, como su libertad de conciencia o su autonomía moral. Estos fanáticos anti-derechos no reclaman el ejercicio de ningún derecho; tampoco son obligados a hacer nada que su moral no les permita; lo que pretenden es impedir que las mujeres accedan al ejercicio de sus derechos a interrumpir el embarazo y al disfrute de los demás derechos sexuales y reproductivos.
Pero no sólo el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad tiene un sentido de libertad “positiva”, en el sentido jurídico de la expresión, (para hacer algo); también, e incluso antes, supone el ejercicio de una libertad “negativa”, es decir libertad de no ser obligada a convertirse en madre. Para neutralizar la primera vertiente de este derecho (la libertad para interrumpir el embarazo) las huestes confesionales cuentan con la presión legislativa, con la complicidad política del PP, así como de todos sus poderosos medios de comunicación asociados a la caverna mediática. Sin embargo, para impedir el ejercicio de su libertad para no ser obligada a dar a luz (la vertiente “negativa” de su derecho) cuentan con una miríada de organizaciones religiosas, generosamente subvencionadas por el erario público y con todo tipo de asociaciones anti-derechos, de carácter fanático, que con manifiesto desprecio por la vida y dignidad de las mujeres, y provocando enormes sufrimientos a decenas de miles de ellas, las presionarán de forma inmisericorde para que den a luz bajo coacción.
No cabe ninguna duda de que a la jerarquía eclesiástica y a las fuerzas confesionales (de signo religioso o político) no les preocupa la autonomía moral de las mujeres, ni su dignidad, ni los sufrimientos ocasionados por su cruzada antiabortista. La secuela histórica de muertes, lesiones graves y todo tipo de sufrimiento, provocada por el ejercicio fanático (impuesto a la fuerza) de la moral católica es buena prueba de ello.
Pero tampoco pueden defender racionalmente que les preocupe especialmente la vida de los fetos o de los bebés no deseados, promoviendo políticas que criminalizan la interrupción del embarazo, puesto que se han demostrado ineficaces a nivel internacional para hacer descender el número de abortos, provocando centenares de miles de abortos ilegales clandestinos, además de provocar sus correspondientes secuelas de muerte, lesiones y sufrimientos.
Lo consecuente con este objetivo sería la elaboración y puesta en práctica de políticas preventivas para evitar los embarazos no deseados. Esa es la única respuesta racional y razonable de alguien verdaderamente preocupado por el número de IVE,s. Pero el fanatismo clerical practica una moral que no quiere ni oír hablar de políticas preventivas en materia sexual y reproductiva de las mujeres. Y merecen el calificativo de fanáticos porque su objetivo es que las leyes civiles reflejen su particular concepto de la moralidad, y están dispuestos a imponer su criterio, cueste lo que cueste.
Para el laicismo la separación Iglesia-Estado es un principio jurídico-político básico para establecer la laicidad del Estado, puesto que representa la autonomía del poder político respecto a las creencias particulares de todo tipo, tanto religiosas como de cualquier otra naturaleza. Pero esta separación en el nivel de lo institucional es sólo una condición necesaria, pero no suficiente para establecer la laicidad del Estado y sus instituciones, mientras no se reconozca el pleno ejercicio de la libertad de conciencia y la igualdad jurídica y de trato, y mientras exista discriminación por razón de las creencias o convicciones.
Pues bien, una manifestación específica de la separación Iglesia-Estado se proyecta en la relación entre el derecho y la moral, y en este caso concreto que discutimos, la interrupción voluntaria del embarazo, confundir uno y otra es el objetivo manifiesto de los intereses clericales, en la medida en que pretenden que se castigue penalmente determinados hechos por la única razón de que su moral lo estipula como “pecado”.
Con ello, un derecho que se inspire en esta moral clerical, que castigue penalmente la IVE y no reconozca este derecho, está obligando a miles de mujeres a una opción de vida como es la maternidad. ¿Dónde queda la libertad personal y la dignidad y autonomía de la mujer, reconocidas en la Constitución Española? El derecho no puede imponer conductas u opciones de vida. El derecho no puede imponer a la mujer dar a luz.
Por el contrario, las leyes que reconocen la legalidad de la IVE no imponen ninguna conducta o norma de vida a las personas que están en contra de la IVE. Por tanto, si amplía derechos de las mujeres y no obliga a ninguna persona a hacer nada que no le aconseje su moral ¿dónde está el problema? Parece que el problema radica en la naturaleza fanática de los intereses clericales, en esa necesidad de imponer a toda una sociedad plural ideológicamente sus particulares creencias y criterios morales.
Visto desde el ángulo del ejercicio de la libertad de conciencia y de la dignidad y autonomía moral de la mujer, la cuestión no puede ser más monstruosa: si la moral católica (en este caso) penetra en el derecho, la mujer puede ser obligada a llevar su embarazo a término, en contra de su voluntad. Se la obliga a convertirse en madre, aunque no quiera, o no se considere preparada, o ni siquiera se lo haya planteado; se la impone un plan de vida que, como mínimo, incluye criar y educar un hijo no deseado, cuando no soportar una pareja no deseada. Todo ello sin olvidar los tremendos efectos físicos y psicológicos de esta violencia “legal”.
Debo mencionar aquí la terrible responsabilidad que asumen en este proceso la miríada de asociaciones y órdenes religiosas, que generosamente subvencionadas con el dinero público, y por tanto de tod@s, “ayudan a las descarriadas”. Primero se convierten en colaboradoras necesarias para restringir la libertad de elección de las mujeres, así como el ejercicio de su autonomía moral y de su dignidad como personas. Pero tras consumar el desaguisado y forzarlas a parir, se ofrecen “caritativamente” a quedarse con el “producto” de su extorsión. Este mensaje religioso es claro: “Tu conciencia, tu dignidad y tu autonomía nos importan un comino. Para nosotr@s eres sólo un receptáculo, un útero. Da a luz a cualquier coste y luego, si no te haces cargo tú, ya nos haremos cargo nosotr@s”. Parece descarnado este relato pero es fiel reflejo de las actitudes que estos colectivos expresan cotidianamente en la prensa.
Al escándalo que trasmiten estos comportamientos s une que están financiados con fondos públicos, cuyo uso debería dedicarse a servicios de interés general y no a apoyar políticas inspiradas en una moral particular, como es la católica, que además cercena derechos humanos elementales.
A menudo cuando se habla de derechos humanos individuales no se repara en que el más importante de todos ellos es el que cada persona tiene sobre sí misma, y forzar un embarazo no deseado viola radicalmente este derecho. La mujer tiene derecho de autodeterminación sobre su propio cuerpo y, por lo tanto, derecho a que su maternidad sea voluntaria, no forzada. Desde su libertad de decisión y su autonomía, éste es un derecho exclusivamente femenino y sólo negando este derecho y reduciendo su cuerpo a un objeto, reduciéndolo a una mera máquina procreadora se le puede arrebatar su capacidad de decisión sobre su propio cuerpo, poniéndola a los pies del Código Penal.
Claro está que este derecho de autodeterminación de la mujer en materia de IVE dista mucho de estar reconocido en las legislaciones actuales en las que, si acaso, su ejercicio está despenalizado o legalizado de forma controlada. Pero en todo caso, no deja de ser un derecho fundamental y exclusivo de las mujeres cuyo no reconocimiento, como antes señalaba, equivale a someterla a una cadena de obligaciones (maternidad, embarazo, parto, hijo) en contra de todos los principios liberales del derecho penal.
Hay ocasiones en que se oyen voces masculinas reclamando un supuesto “derecho de paternidad” sobre el proceso de gestación. Este enfoque me parece un subproducto más de la mentalidad patriarcal con que el varón se reserva cotas de poder sobre el cuerpo de la mujer, puesto que si la IVE dependiera de un acuerdo con el varón, se encontraría éste investido de un poder sobre ella, eliminando la posibilidad de ejercer su libertad de conciencia y su autonomía moral. Lo cierto, no obstante, es que el parto, la gestación y el embarazo forman parte, exclusivamente, de la identidad femenina y no de la masculina.
Valgan estas reflexiones para volver a poner sobre el tapete la necesaria separación de los ámbitos del derecho y de la moral, que desde el laicismo debemos seguir defendiendo, en mayor medida en momentos como los actuales en que la alianza de las fuerzas confesionales (jerarquía católica, PP y medios de comunicación afines) amenaza con tirar por la borda los tímidos avances en materia de reconocimiento de la igualdad y de los derechos sociales llevado a cabo por el PSOE en la etapa anterior.
En lo referente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la ley aprobada en marzo de 2010 supuso un importante avance en cuanto que, más allá de despenalizarla, reconocía el derecho a su ejercicio por las mujeres y, por tanto, las alejaba del Código Penal. La contrarreforma con la que nos ha avisado el “progresista” Ministro de Justicia Ruiz Gallardón, amenaza con volver a atrasar el reloj de los derechos de la mujer en esta materia unos treinta años, a la vez que pretende lo propio con materias como las políticas de igualdad o los derechos colectivos de los homosexuales.
Al parecer las mayorías absolutas sirven para ejercer el poder absoluto, despótico diría yo, en detrimento de los valores democráticos y de los derechos civiles y sociales. Y este peligroso “juego” está degradando hasta niveles indecibles la calidad de nuestra democracia constitucional (¿dónde queda la Constitución?) y de las propias instituciones democráticas (parlamento y judicatura, principalmente), dando alas a los populismos autoritarios de toda laya. Millones de personas en España (y en el mundo) se preguntan para qué sirven unos sistemas democráticos que no posibilitan ni el pan, ni el empleo ni la participación en las decisiones que les conciernen. ¿Cómo hablar en este contexto de de libertad y de dignidad?
Por ello cada vez tiene más vigencia la lucha en torno a los postulado laicistas, que pueden sintetizarse en una frase: Para el laicismo, el objetivo fundamental de la acción política y cívica es el respeto a la dignidad humana, en un marco de libertad e igualdad entre todas las personas, con objeto de promover la autonomía individual frente a la injusta presión de cualquier institución política, económica o religiosa.
Rivas Vaciamadrid, febrero 2011
M. Enrique Ruiz del Rosal
Miembro de Europa Laica y de la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid

Creencias y discriminación

El reiterado recurso de la jerarquía católica al supuesto número de católicos en España (el 90% de los españoles, aunque últimamente Cañizares, arzobispo de Toledo, no ofrece números y lo plantea como “sustancialmente católica en su mayoría”) como uno de los principales argumentos que justificarían los actuales privilegios económicos, culturales y educativos de que disfruta, se ha convertido en una verdad “incontestable” que, al parecer, a fuerza de repetirse, no necesita demostración.
En vano buscaremos en la web de la Conferencia Episcopal ningún cálculo o demostración que permita deducir que el 90% de los españoles es católico. Ni siquiera el bautismo forzado de los niños recién nacidos en el seno de familias católicas (arrogándose los padres un supuesto derecho de propiedad sobre las conciencias infantiles y haciendo caso omiso de los derechos que como seres humanos corresponde a los niños) permite esas veleidades numéricas. Sin embargo, para Benedicto XVI “Dios es un proscrito en Europa” porque estamos ante una sociedad de bautizados que ya no hace caso a la religión. Parece, pues, que el bautizo indiscriminado no garantiza católicos para toda la vida. (¿Se imaginan la barbaridad, y lo ridículo, que supondría hacer socialista con carné a un recién nacido o asociarlo a una asociación de ateos, por ejemplo?).
Tampoco puede avalar esta tesis el hecho de que tan sólo el 35% de los declarantes del IRPF ponga un aspa en la casilla de la Iglesia católica. Ni que decir tiene que las múltiples manifestaciones religiosas en España, a caballo entre la devoción, el folclore y el turismo, tampoco puede ser un indicador fiable del número de católicos existentes en nuestro país.
Así pues, sin minusvalorar la influencia del catolicismo en nuestra sociedad, producto de siglos de hegemonía política, cultural y educativa, la forma más aproximada de cuantificar su verdadera presencia actual es el análisis de las encuestas que se realizan sobre la materia. Y la última encuesta, aún reciente (julio 2007), realizada por la Fundación BBVA, sin ninguna relación con la jerarquía eclesial, arroja algunas conclusiones interesantes:
1.- Dejando aparte la ambigüedad de términos como “pertenecer a…”, o “ser miembro de…” una religión, parece que el 74,1% de todos los encuestados ( todos mayores de 15 años) se definen como católicos.; pero sólo lo parece, porque si este porcentaje se corrige con las personas que no creen en Dios (¡!), no saben si existe Dios ((¡!), o no creen en Dios (¡!), la pertenencia al catolicismo se reduce al 52%. Esto significa que difícilmente podría defenderse que más del 44% de la población total sea católica (aproximadamente, 22 millones de personas).
2.- De las personas que se autodefinen como católicas, el 57%, no va nunca o casi nunca a ceremonias religiosas (exceptuando bodas, bautizos o funerales), y el 40% no rezan nunca o casi nunca.
3.- El 43% de las personas que se declaran católicas piensa que no es necesario creer en una religión para tener valores (positivos, se entiende) y actuar de un modo ético. Esta opinión parece chocar frontalmente con la del episcopado, según la cual el problema de la sociedad actual es el ateismo, el agnosticismo o el “laicismo agresivo”. En sentido contrario, el 35% de los católicos no considera que las personas con creencias religiosas hagan que las sociedades sean moralmente mejores.
4.- El 1,9% de las personas mayores de 15 años se declara perteneciente a alguna religión no católica, lo que significaría el 1,6% del total de la población española.
5.- El 23% de las personas mayores de 15 años se declara atea o agnóstica, lo que significaría el 20% de la población total, aproximadamente.
En definitiva, esto significa que a pesar de ser todavía la Iglesia católica una poderosa e influyente organización en España, ha iniciado un evidente declive como consecuencia de su alejamiento progresivo de la realidad que vive amplias capas de la población. Incluso en sus propias filas la opinión está cada vez más alejada de la jerarquía, como también señala la encuesta publicada en marzo por la revista de la Congregación de los Sagrados Corazones, en la que se reflejaba que el 63% de los curas españoles creía que la Iglesia católica debía renunciar a la financiación del Estado, o en la que el 53% pedía el celibato opcional y el 41% veía con buenos ojos la ordenación de mujeres.
Con todo, el aspecto más sobresaliente es que la cuarta parte de los mayores de 15 años se declare atea o agnóstica. Esto nos plantea muchas preguntas como dónde y de qué manera se hacen visibles sus derechos en la sociedad española. ¿Por qué se ven obligados a financiar a las religiones en general y a la católica en particular? ¿Por qué se ven obligados a soportar y a pagar el adoctrinamiento católico en la escuela pública y concertada? ¿Por qué se ven obligados a soportar constantemente la identificación de las instituciones públicas y los cargos políticos con signos, símbolos y ritos confesionales? ¿Hasta cuando deberemos sufrir todos los españoles espectáculos como la misa del Corpus Christi, con asistencia del presidente de Castilla-La Mancha, el alcalde de Toledo y el delegado del Gobierno en la Comunidad? Obviamente estos representantes públicos en dicha misa no están representando, ni respetando, a las personas de creencias no religiosas ni a las religiosas no católicas.
Estos atentados contra la libertad de conciencia y la igualdad de trato, están justificados por el tratamiento dado a las creencias en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 1980. Según ésta, sólo merecen protección las creencias religiosas y, por tanto, sólo merece la pena garantizar la “libertad religiosa”. Asimismo, en lo relativo a la enseñanza, niega la posibilidad de que puedan existir contenidos morales no religiosos. Es indudable que mientras exista esta tendenciosa ley, no se podrán hacer visibles las creencias no religiosas en los ámbitos señalados.
El Estado Vaticano, mediante los Acuerdos de 1979 con el Estado español, impuso al Reino de España su consideración como sujeto de derecho internacional, basándose en un pretendido “derecho divino”, y situándose de forma privilegiada al margen, y por encima, de la misma Constitución. Ello constituye una permanente provocación contra la diversidad de creencias en nuestro país. De la representatividad de dichos acuerdos (que mantienen vigente el Concordato de 1953) y de la filosofía totalitaria que los inspira, sólo cabe decir que los vigentes concordatos de la Santa Sede con Alemania, Italia y España fueron firmados por Hitler, Mussolini y Franco. Así pues, dichos Acuerdos de 1979 deben ser denunciados por el Gobierno de España, y la Iglesia católica y las demás confesiones deben someterse al derecho común.
Mientras estas dos leyes sigan vigentes seguirá habiendo, al menos, tres clases de españoles: 1ª categoría, los católicos (44% de la población, según la encuesta); 2ª categoría, los creyentes religiosos, no católicos (1,6% de la población); 3ª y última categoría, todos los que tengan creencias no religiosas (20% de la población). Dejando aparte la exactitud de los números, es evidente que la igualdad de los españoles ante la ley y su no discriminación por razón de sus creencias, artículo 14 de la Constitución, seguirá siendo papel mojado.
5 de octubre de 2007
M. Enrique Ruiz del Rosal
Presidente de la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid