Iglesia

Informe a propósito de la campaña de publicidad de los obispos en relación con el IRPF de 2015, declarado en 2016

Un año más nos encontramos puntualmente con la campaña propagandística de la Iglesia católica (Ic, en adelante) ante un nuevo intento para mantener la atención mediática de l@s ciudadan@s (en abril será la campaña “Por tantos” y en junio la Memoria de actividades), en relación con la declaración de voluntad de l@s declarantes del IRPF, para que el Estado (tod@s l@s contribuyentes) subvencione sus actividades de culto y clero.
1.- Sigue causando estupor, mezclado con vergüenza, que no se publiquen previamente en las estadísticas oficiales de la Agencia Tributaria las escasas cifras que sí obran en poder de la Corporación católica: es la Administración Pública la que debería ofrecer dicha información como corresponde, al ser la Ic la beneficiaria de esta cuantiosa subvención pública: 249,16 M€ (más de 41.000 millones de las antiguas pesetas). ¿Por qué esta información no es de conocimiento público? ¿A qué obedece este privilegio?
2.- Debemos afirmar categóricamente que la subvención que recibe la Ic por este concepto, sale de los Presupuestos Generales del Estado, como no puede ser de otra forma. Si como dice la propaganda de la Corporación católica, el contribuyente que marca la “X” no tiene que “pagar más ni se le devuelve menos” o “¡Marca la X, si no te cuesta nada!” ¿de dónde otro sitio puede salir que no sea de los Presupuestos, es decir del bolsillo de tod@s l@s ciudadan@s? Los impuestos no “pertenecen” al ciudadano, sino al Estado, para proporcionar (supuestamente) servicios de interés general. Por tanto, en realidad, todo es gasto presupuestario.
En segundo lugar, no ignoran los jerarcas católicos que el artículo II del Acuerdo concordatario sobre Asuntos Económicos, de 1979, compromete (obliga) al Estado “a colaborar con la Iglesia en la consecución de su adecuado sostenimiento económico”. Por tanto, mientras siga vigente dicho Acuerdo, el Estado viene obligado a mantener a 113 obispos y cardenales, 20.000 sacerdotes, seminarios, congresos, 23.000 parroquias y demás gastos de los denominados “de culto y clero”, independientemente de las “X” que marquen l@s contribuyentes. El eslogan de campaña de los obispos, para hacer honor a la verdad, debería ser: “No importa que marques la casilla, porque el Estado (todos los contribuyentes) nos tiene que sostener obligatoriamente”.

3.- Una año más, la interpretación que de las cifras realiza la Conferencia Episcopal (CEE) oculta una terca realidad: a pesar de todo su aparato propagandístico y mediático y de los recursos económicos que obtiene del Estado, en torno al 65% de l@s declarantes (el 65,07, en 2015, el 65,12, el año anterior) sigue sin señalar la casilla de la Iglesia, como viene siendo habitual en la última década. En el lenguaje episcopal, si el 35% de l@s declarantes está “a favor de la Iglesia”, hay un 65% que estaría “en contra”.
4.- De la declaración del IRPF realizada en 2016, correspondiente a la renta de 2015, los dos únicos datos que se ofrecen(aparte de los datos por Comunidades Autónomas y por edad y sexo) son, el número total de declaraciones con “X” a favor de la Ic (7.347.612 declaraciones) y la correspondiente cantidad asignada a su favor por este motivo (249.162.061 euros, más de 41mil millones de las antiguas pesetas), lo que lleva a subrayar de forma menos triunfalista que el año anterior (en la propaganda de este año sólo se habla de ligero aumento) que han aumentado las declaraciones “a su favor” en 55.841. Sin embargo, ya no puede declarar la CEE, como el año pasado, que han superado “los 250 M€ de ingresos por esta vía desde que comenzó la crisis”, dado que vuelve a situarse por debajo de esa cantidad. Aunque esta última afirmación fuera, sencillamente, falsa puesto que en la declaración realizada en 2009, correspondiente al IRPF de 2008, ambos años ya en plena crisis, se recaudaron 252,6 M€.
No podemos olvidar que esta subvención es casi el doble de las ayudas estales a sectores en crisis como el naval, el pesquero y el agroalimentario juntos.
5.- Se señala tímidamente en la propaganda episcopal que desciende la recaudación en 1,1 M€ respecto al año anterior, pero pretende compensarlo afirmando falsamente que “desde el comienzo del sistema de Asignación tributaria (2006) ha aumentado el número de declaraciones con asignación a la Iglesia católica en más de 864.000”. ¿Manipulación o incompetencia episcopal? El Acuerdo con el nuevo sistema entró en vigor el 1 de enero de 2007, por lo que el nuevo porcentaje del 0,7% no podía ser aplicable a la renta de 2006, sino a la de 2007 en la declaración efectuada en 2008. Por eso en 2007 se incrementa la recaudación de los obispos un 39% con el nuevo sistema, es decir 68 M€ más que el año anterior. En realidad, desde que está vigente el nuevo sistema (renta 2007) la Ic “ha aumentado el número de declaraciones” en 389.600. Pero esta cantidad no deja de ser otra pequeña trampa, porque en realidad, desde 2010, la Ic ha visto disminuir el número de declaraciones a su favor en 107.211. En todo caso, es indudable que al sistema de financiación de la Iglesia católica no le ha afectado la crisis.
6.- Un año más siembra confusión la propaganda episcopal, a propósito de la aplicación del dinero recibido por esta vía (IRPF). En la nota oficial que figura en la web de la Conferencia Episcopal se menciona, en relación con la subvención estatal correspondiente al IRPF, aunque con bastante menos énfasis que el año anterior, “la actividad evangelizadora, social y caritativa“. Nada más lejos de la realidad.
El 86% de la cantidad enviada por el Estado se dirige a las diócesis (215 M€) y el 80% de esta cantidad (173 M€) se emplea en pagar los sueldos y salarios del sacerdotes obispos, cardenales y arzobispos así como sus seguros sociales. Otras rúbricas importantes financiadas con esta subvención estatal de 250 M€ son, el funcionamiento de la conferencia Episcopal o las facultades eclesiásticas o la Pontificia de Salamanca, o los 5 M€ de las campañas de propaganda. Pero no busque estos datos en la información aportada por los obispos, puesto que no informa de ello. Deberá consultar los Presupuestos del Fondo Común Interdiocesano para 2015. Por tanto, en contra de lo que afirma la nota propagandística de los obispos, las cantidades succionadas de los Presupuestos estatales no se dedican ni a actividades pastorales ni a obras sociales o caritativas, sino a gastos más pedestres.
Debe resultar tan acusadora esta situación para la jerarquía católica (el hecho de que las tres cuartas partes de lo enviado a las diócesis se vaya en sueldos del clero) que esta información la han hecho desaparecer de las últimas Memorias de Actividades publicadas.
7.- Pero ésta no es la única financiación anual que recibe la Ic del Estado: exenciones y bonificaciones fiscales, (IBI, ICIO, etc), las “X” de Fines Sociales, los conciertos educativos con 2450 centros católicos, conciertos sanitarios con 68 hospitales, 52 dispensarios u 841 casas de ancianos o discapacitados, catequistas que imparten religión en las escuelas públicas, mantenimiento del patrimonio religioso, y así hasta alcanzar más de 11.000M€, es decir más del 1% del PIB español.
8.- Todo esto sucede ante la pasividad del poder político de turno, incapaz de fiscalizar las cuantiosas exenciones y subvenciones recibidas por la Iglesia. Está por ver que el Tribunal de Cuentas, tan eficiente en la fiscalización de las cantidades recibidas por partidos políticos o sindicatos, se atreva (más bien, reciba instrucciones de algún Gobierno de España) a fiscalizar las cuentas de la Iglesia católica porque, como algún miembro de dicho Tribunal advirtió, “es muy posible que la Iglesia esté obteniendo un enriquecimiento injusto con esta forma peculiar de financiación”.
Rivas Vaciamadrid, a 14 de marzo de 2017
M. Enrique Ruiz del Rosal Miembro de la J D de Europa Laica y de la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid

Análisis de la memoria de actividades de la Iglesia católica en 2014 presentada por la Conferencia Episcopal

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Como en años anteriores, Enrique Ruiz del Rosal, miembro de la Junta directiva de nuestra Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid y de Europa Laica, nos envía su informe en el que analiza la memoria de actividades de la Iglesia católica durante 2014, presentada hace algunos meses por la Conferencia Episcopal Española.

El Informe está publicado en el Observatorio del laicismo.

Pulsa aquí para descargar el documento completo.

 

La religión, un negocio muy rentable.

Opacidad y financiación de la Iglesia Católica. Informe 2016

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Por: Francisco Delgado Ruiz · · 4 abril, 2016

La Constitución de 1978 señala que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, pero 38 años después nos encontramos con que las relaciones del Estado con la Iglesia católica no sólo siguen casi con la misma orientación que durante el franquismo, sino que en el terreno económico se ha producido un incremento considerable a su favor.

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El IBI y los gestos

EL IBI Y LOS GESTOS
Cuando apenas hace dos meses la asociación Europa Laica decidió lanzar la campaña para denunciar la exención del IBI a favor de la Iglesia católica (Ic, en adelante), a propuesta de l@s compañer@s laicistas de Asturias, y simultanearla con la que venimos realizando desde hace algunos años para denunciar la financiación a favor de la Ic a través de las casillas del IRPF, no creo que imagináramos la repercusión social y mediática que iba a alcanzar. Y debemos felicitarnos por su éxito.
No obstante, un gran número de personas, partidos e instituciones públicas que ha declarado su disconformidad con que se mantenga dicho privilegio en relación con el IBI, ha mantenido silencio respecto a las casillas del IRPF y otros privilegios. La Conferencia Episcopal ha dado una clave explicativa, al plantearse la pregunta de por qué no “hacer un gesto ante la sociedad” en momentos tan duros. Y ese puede ser el problema: que se conciba la denuncia de la exención del IBI tan sólo como un gesto aislado de personas e instituciones, provocado por la coyuntura económica, que aun habiendo podido tomar decisiones políticas en esta materia desde hace muchos años, han sido incapaces hasta ahora de tomar ninguna iniciativa por falta de convicción o interés reales.
En el fondo subyace la pregunta de qué es lo que tendrían de especial las creencias religiosas para que deban tener un trato de privilegio respecto a otras creencias o convicciones filosóficas, agnósticas o ateas. Qué plus añade a cada persona su creencia religiosa como para que deba convertirse en ciudadan@ susceptible de ser privilegiad@ por el Estado. Y ello en el marco de la igualdad de trato constitucional y de la no discriminación por razón de las creencias.
Por eso este “gesto” resultaría estéril si no se mira detrás de la cortina, para ver de dónde surge cada privilegio concreto de los que disfruta la Ic: del actual Concordato (Acuerdos de 1979). Por sus potentes medios de persuasión y comunicación de masas, la corporación católica discute y argumenta sobre miles de asuntos, pero siempre acaba las conversaciones declarando lo mismo: no se pueden tocar los beneficios previstos en los Acuerdos, que además tienen un rango jurídico superior.
Y “no se pueden tocar” los Acuerdos porque obligan al Estado a “colaborar con la Ic en la consecución de su adecuado sostenimiento económico”, conceden a la iglesia “exención total y permanente” de todos los impuestos y aplica a la Ic todos los beneficios fiscales de cualesquiera leyes que se hagan, siempre que se “modifique sustancialmente el ordenamiento jurídico-tributario español”. Por eso está obligado el estado a aplicárselo a la Ley de Haciendas Locales, a la Ley de Fundaciones o la de Mecenazgo, entre otras. Basta ver que la Ley 49/2002 (de mecenazgo, en lenguaje llano), el RD Legislativo 2/2004 (haciendas locales) o la Ley 50/2002 (de fundaciones), se remiten al Concordato (Acuerdos de 1979), para aplicar a la Ic los beneficios fiscales que se contemplan en cada uno de ellas, salvaguardando aquellos privilegios de los que ya disfruta. Dos ejemplos: el artículo 62 de la Ley de Haciendas Locales establece que estarán exentas del IBI los inmuebles “de la Iglesia católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos económicos, de 3 de enero de 1979…” Otro ejemplo: la Disposición Adicional Novena de la Ley 49/2002 (de mecenazgo) establece que “las entidades de la Ic contempladas en los artículos IV y V del Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 1979 serán consideradas entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos… de esta ley.”
La lucha por el pago del IBI no puede quedarse en un mero “gesto”, pues resultaría ser un simple adorno. La recuperación de los más de 10.000 millones de € que la corporación católica absorbe de los recursos públicos (más del 1% del PIB) exige de los poderes públicos, de todos los partidos y de todas las personas preocupadas por el “interés general” (sanidad, educación, servicios sociales), algo más que gestos: denunciar y pedir la anulación de los Acuerdos de 1979.
M. Enrique Ruiz del Rosal
Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid

La ignorancia de Don Rouco

La invitación del señor Varela a un referéndum que prohíba los matrimonios homosexuales, tiene varias angulaciones desde la que ser mirada. Una es el repente “democrático” que le ha dado al hombre, como forma de resolver el contencioso que le enfrenta a una ciudadanía que no comulga con sus ruedas de molino. Claro que, a falta de Inquisición… Auque, bien pensado, tal arrebato democrático no debe sorprendernos, habida cuenta del múltiple uso que ha venido haciendo de la libertad de manifestación, una vez pasada página de su anterior embeleso con el Caudillo de España por la Gracia de Dios.

Lo que sí intriga en todo esto es su aparente ignorancia de la realidad, ya que no puede suponerse mala fe en un hombre de tanta fe. Porque las encuestas hablan claro. Según el CIS, (encuesta 2568 del 2004), el 66,2 % de los entrevistados eran favorables al matrimonio de homosexuales, frente al 26,5% en contra. ¡Menudo revolcón le daría la ciudadanía al señor Varela si se convocase su referéndum! Pero nada comparable al descalabro que tendria ante su grey. Si tenemos en cuenta que el 80% de la población se declara católica, quiere decir que, aún considerando que el mencionado 26,5% esté íntegramente formado por católicos (es decir, un 33% de estos), significaría que, como mínimo, ¡un 67% de católicos es contrario a las posiciones del máximo “representante” de la Iglesia Católica en España!

Con tal disparidad entre “representante” y “representados”, parece extraño que ande pidiendo referéndum, a no ser desde la supina ignorancia de los datos. Eso sí, si los conoce, quedaría aclarado el enigma de porqué le vemos siempre deambular con esa cara de vinagre.

Jesús Espasandín
Miembro de la Asociación Laica de Rivas