partidos y laicismo

El laicismo y el Psoe

EL LAICSMO Y EL PSOE

Hemos tenido conocimiento, durante el primer trimestre de este año 2013, de que el 8 de enero el Partido Socialista ha realizado una batería de preguntas al Gobierno, a través del Congreso de los Diputados, para que sean contestadas por escrito. El motivo es conocer a cuánto asciende el montante de que se beneficia la Iglesia católica (Ic, en adelante) en virtud de las exenciones y bonificaciones fiscales y otro tipo de subvenciones en el marco de los Acuerdos con la Santa Sede (1979) (Un Concordato, de hecho).
Le ha preguntado al Gobierno del PP que le diga cuánto le cuesta al Estado anualmente: 1) Que la Ic no esté sujeta a los impuestos sobre la renta o consumo; 2) Que esté exenta total y permanentemente de la contribución territorial urbana sus edificios, locales anejos, capillas, residencias de obispos, seminarios, universidades, casas, conventos, congregaciones e institutos de vida consagrada; y 3) Que esté exenta total y permanentemente de los impuestos reales y de producto sobre la renta y patrimonio, así como de los de sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales, de las contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia.
Asimismo, pregunta el PSOE al Gobierno del PP, cuántos religiosos prestan asistencia en el ejército y en establecimientos penitenciarios, hospitales, sanatorios, orfanatos y centros similares, tanto privados como públicos. Igualmente se interesa por el coste anual de dicha asistencia, que viene impuesta por los citados Acuerdos de 1979.
Las reacciones no se han hecho esperar: algunas personas han visto la iniciativa con un optimismo desbordante, creándose unas expectativas en consonancia con una actuación que no goza de precedentes. A otras, por el contrario, conocedoras de la trayectoria errática, y pasiva, de los socialistas en esta materia, dicha iniciativa les parece irrelevante. Vayamos por partes.
La primera reflexión que asalta la mente es: ¿Cómo es posible que habiendo gobernado durante los últimos ocho años (de 2004 a 20011) y otros quince años anteriormente, desde 1982 hasta1996, esto es veintidós de los últimos treinta años, no dispongan aún de estos datos? Se podría pensar que, hasta ahora, éste ha sido un asunto menor en la agenda política del gobierno, que no ha generado ningún interés a pesar de alcanzar un flujo de dinero público, por acción u omisión, de unos 11.000 millones de euros (M€, en adelante), cantidad equivalente al 1% del PIB español.
Lo cierto es que “los dineros de la iglesia” ha generado un gran interés desde hace mucho tiempo. Ya en 1986 Gonzalo Puente Ojea, siendo embajador de España ante la Santa Sede, solicitó información al Gabinete de Presidencia del Gobierno socialista sobre las partidas presupuestarias a favor de la Iglesia católica (Ic, en adelante). En la respuesta, dicho Gabinete, junto con la citada información detallada por Ministerios, adjuntó un párrafo que no tenía desperdicio: “Además de la financiación directa con cargo a los Presupuestos del Estado, la Ic obtiene una importante financiación indirecta mediante las exenciones de impuestos o gravámenes que debería abonar conforme a la Legislación Fiscal en vigor. No se ha todavía calculado la cifra a la que asciende este beneficio fiscal, si bien se procurará obtener una estimación aproximada de la misma.” Veintiséis años después, tras diecinueve al frente del gobierno del Estado, el PSOE sigue sin conocer esta información (ni los ciudadanos).
Es positivo, por tanto, que el Partido Socialista quiera conocer ahora el montante anual que deja de ingresarse por estos privilegios fiscales a la Corporación católica. Así como también es un hito positivo el que, por primera vez, y aunque sea con un perfil tan bajo como preguntas escritas a la Mesa del Congreso, el PSOE haga pública su intención de arrojar luz sobre asuntos tan opacos, como los que se derivan de unos Acuerdos con un Estado que a su vez es también una confesión religiosa.
Sin embargo, es cierto que, por otro lado, existen motivos para el escepticismo. Los Acuerdos con la Santa Sede han sido un tema tabú en la trayectoria política del PSOE desde la Transición. Las relaciones con la Ic han estado dominadas por el secretismo, la rendición de pleitesía ante la jerarquía católica y un completo y permanente entreguismo a los intereses simbólicos, educativos y económicos de la Corporación católica.
Ese escepticismo viene alimentado por continuas declaraciones y sonados amagos a que nos ha tenido acostumbrado dicho partido. Valgan de muestra algunos ejemplos. En 2006, la Vicepresidenta de la Vega, en plena renegociación de la financiación de los sueldos de los obispos y curas católicos a cargo del Presupuesto, anticipó que la Ic “debía ir pensando en autofinanciarse”, como estipulan los propios Acuerdos; dicho amago no sólo no cortó la referida financiación, sino que elevó el “pellizco” a su favor en un 33%, manteniendo intacta toda la privilegiada estructura financiera de exenciones y bonificaciones, sobre las que ahora solicita información.
Ya en 2008 Jáuregui, secretario del Grupo parlamentario Socialista, ante sendas proposiciones no de ley de IU y el Grupo Mixto para eliminar la Biblia y el crucifijo de las tomas de posesión de l@s ministr@s (y para revisar los Acuerdos de 1979), afirmó durante el debate que “el crucifijo está de más” para, a continuación votar en contra de ambas proposiciones. Otro botón: poco después el propio presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero manifestaría que no había necesidad de tocar los Acuerdos con la Santa Sede, pues “hasta ahora han funcionado razonablemente bien”. Así pues, existen motivos para la desconfianza.
Ya me referí a una posible explicación de estos comportamientos y analicé los argumentos que se barajaban en las filas socialistas, en un artículo que escribí en 2008, a propósito del 37 Congreso Federal del PSOE (“El Congreso del PSOE y el laicismo”). Dichos argumentos hacían referencia a que “la sociedad no está madura”, a que “no existe consenso” o a que “tendría un coste electoral excesivo”. Estos argumentos han saltado en pedazos, tras una modificación exprés de la Constitución, impuesta tan sólo con la mecánica parlamentaria de los dos partidos mayoritarios, con manifiesto desprecio al consenso social y a la deliberación democrática. En cuanto al coste electoral, no es preciso extenderse en el desplome socialista en este ámbito, incapaz de superar el 23% de la intención de voto en un momento como el actual, de rápido desplome del PP en las encuestas electorales (¿Hubiera sido mayor este coste de haber tenido que afrontar la supresión de los Acuerdos con la Santa Sede?).
Suárez Pertierra, que fue ministro de Educación entre 1993 y 1995, así como Director General de Asuntos Religiosos, ha manifestado en un artículo que “cancelar el compromiso asumido en 1979” (Los Acuerdos) “hubiera exigido una opción política de gran envergadura”. El contexto de 2013 es el de una crisis política y económica sin precedentes, que se está llevando por delante todo lo público (sanidad, educación servicios sociales…), generando más de seis millones de parados, una desigualdad extrema y con un sistema político esclerotizado y en poder de una casta que se autoperpetúa. Incluso se ha realizado una modificación de la Constitución “con nocturnidad y alevosía”. Esta situación sí es producto de una opción política de gran envergadura, arbitrada por los grandes poderes económicos, financieros y bancarios mundiales, con la inestimable colaboración de los poderes políticos de toda laya. En comparación con esta situación ¿se sigue viendo desde esa atalaya la supresión de los Acuerdos de 1979 como una opción política de (tan) gran envergadura?
En realidad, estoy convencido de que, como he expresado en otras ocasiones, existe en el seno del PSOE un potente lobby confesional católico cuyo poder e influencia impide no sólo la elaboración de una política laicista como partido, sino tan siquiera el afloramiento de un cierto compromiso con las ideas laicistas. Posiblemente no pueda hablarse de una corriente organizada como tal, pero el número de dirigentes políticos retardatarios es tan significativo que tal parece que son ellos los que marcan el paso en esta materia.
El error que supone el que perciban “que la sociedad no demanda más laicismo” (como dijo el anterior alcalde de Santiago, en la Ejecutiva Federal del PSOE), es del mismo tipo que les ha llevado a no percibir que la sociedad demanda más justicia social, más participación política, más servicios públicos, o unas condiciones de vida dignas, aspectos todos ellos entrelazados. Y por esa pendiente se están alejando paulatinamente de su presumible base social, quedando fuertemente deslegitimados como interlocutores políticos de amplias capas de ciudadan@s.
La consideración que a la jerarquía del PSOE les merezca el laicismo, a tenor de su práctica política, quizás no pase de tipificarlo como “el florero de la democracia”. Si en circunstancias político-económicas “normales”, asuntos tan importantes como el ejercicio de la libertad de conciencia, la igualdad de trato y la no discriminación por motivo de las creencias, o la laicidad de las instituciones y de los cargos públicos, pueden ser consideradas por algunas mentes obtusas como un mero adorno (florero), esta salvaje ofensiva de los poderosos del capital y de las finanzas, que se está llevando por delante no sólo las instituciones democráticas, sino a las personas mismas por la vía del estrangulamiento económico, debería poner en el primer plano de la agenda política la estricta separación Iglesia/Estado.
¿Cómo, si no, explicar algo que no sucede en ningún país de nuestro entorno, como es el hecho de que año tras año el Estado constitucional siga “alimentando” unas instituciones (las diócesis católicas) que gastan 10 veces más de lo que recaudan (¡más del 1.000% de déficit!) y que no sólo no realizan ningún servicio de interés general, ni por tanto público, sino que además se utilizan para torpedear “sin misericordia” todas las leyes que emanan del poder civil que no están de acuerdo con su particular moral, aunque sirvan para ampliar o reconocer derechos individuales a distintos colectivos ciudadanos?
¿Cómo explicar que, tras 34 años de Constitución presuntamente aconfesional, seamos el único país europeo que garantiza mediante un tratado internacional (Acuerdos/Concordato de 1979) el sostenimiento de una confesión religiosa y, por tanto, la preeminencia de dichas creencias en la sociedad a través de “la consecución del adecuado sostenimiento económico de la Iglesia católica” (Ic, en adelante)?
¿Cómo explicar que sólo en España se de la situación de que la educación católica concertada succione más de 4.000 millones de euros (M€) de los recursos públicos y englobe ya a más de la tercera parte de l@s estudiantes español@s, mientras se abandona y menosprecia por los poderes públicos la enseñanza pública y laica? ¿O que se desvíen 600 M€ para pagar adoctrinadores de religión en la escuela pública?
¿Cómo explicar que la Ic esté no sujeta a, o esté exenta “total y permanentemente” de todo tipo de impuestos directos o indirectos (Acuerdos/Concordato de 1979) reduciendo los ingresos del Estado en más de 2.500 M€? ¿Cómo explicar, en fin, que se desvíen de los Presupuestos hacia la institución católica más de 11.000 M€, algo más del 1% del PIB? Todo ello sin mencionar los enormes privilegios simbólicos y jurídicos (Ley Orgánica de Libertad Religiosa, Ley Hipotecaria…), sin parangón en ningún país de nuestro entorno, de que goza la Ic en nuestro país.
No. Ante esta situación los dirigentes del PSOE, y sus militantes, no pueden seguir mirando para otro lado, y teniendo la percepción de que el laicismo (sin adjetivos), así como la laicidad de las instituciones, sea “el florero de la democracia”. Muy al contrario, el menosprecio al laicismo y el silencio ante los privilegios confesionales menoscaba continuamente, deslegitimándola, la razón civil que emana de la legitimidad democrática. Y el mensaje que se lanza a la sociedad es que la moral religiosa (católica) es un complemento indispensable del poder civil. Buena prueba de ello es la constante pleitesía de los poderes del Estado (Rey, Jefe de Gobierno, Parlamento, ministros) hacia los jerarcas católicos (obispos y papas) y sus ritos.
Si ya resulta irreparable el impacto que el propio funcionamiento de los grandes poderes económicos y financieros nacionales e internacionales está provocando en nuestras instituciones democráticas y en nuestros presuntos “servidores públicos”, la tenaza clerical católica contribuye a cerrar el lazo sobre el cuello de la joven democracia española, situando a la jerarquía católica y sus intereses en el centro de la escena, en detrimento de la razón civil democrática.
Es en este contexto en el que, durante el primer cuatrimestre de 2013, comienzan a sucederse declaraciones de dirigentes del PSOE: el diputado Juan Moscoso, portavoz del Grupo Socialista, además de presentar al Gobierno la batería de preguntas mencionadas al principio, declara que “fue un error” no suprimir los privilegios económicos de la Iglesia católica y que “hay que rectificar” porque “las religiones deben autofinanciarse”. Asimismo se muestra “convencido” de que “ha llegado la hora de reformar los Acuerdos con la Santa Sede”. Pero a continuación añade que”…porque hay un coste fiscal por lo que se deja de recaudar y eso en tiempos de crisis no tiene justificación”.
Esta declaración parece indicar que más que un profundo convencimiento laicista (o más sencillamente, aconfesional) la presente actitud del PSOE podría tener sentido, exclusivamente, en el marco de la crisis actual: pasada la crisis, ¿volvería a tener justificación el privilegio fiscal? En realidad, nos sitúa más en la órbita de las declaraciones de la Conferencia Episcopal, que ha declarado, “con la boca pequeña”, que quizás debería la Ic realizar “un gesto” y ser sensible al pago del IBI. Pero este “gesto” sería estéril si no se anula la madre de todos los privilegios eclesiales: el actual Concordato (Acuerdos de 1979).
Resulta asimismo críptica la declaración de Moscoso de que “no tiene ningún sentido que la iglesia subcontrate la educación religiosa en el Estado y, encima, sufragada por todos los ciudadanos”. ¿Esto quiere decir que por fin el PSOE va a realizar una propuesta política para sacar a los catequistas católicos de la escuela pública y, por ende, de los Presupuestos Públicos? Claro está, en todo caso, que en lo referente a la enseñanza concertada el mutismo es absoluto.
Fuentes parlamentarias del PSOE han denunciado la “absoluta falta de transparencia” del gobierno, que “se niega a decir a los ciudadanos que también pagan de sus impuestos la financiación pública de la Iglesia católica como las transferencias relativas a sanidad o educación, cuánto se está ahorrando la Ic al quedar exenta de impuestos” ¿Está el PSOE dispuesto a realizar, por fin, una propuesta política para que se pueda evaluar el montante a que asciende la financiación pública a la Iglesia y a sus instituciones y organizaciones, tanto de manera directa como por razón de exenciones, bonificaciones o no sujeciones a impuestos, y eso en los tres niveles estatal, autonómico y local? No podemos concebir la transparencia de otra forma que no sea el balance económico y la cuenta de resultados del conjunto de la Gran Corporación Católica. Cualquier otra “transparencia” sería pura cosmética.
La propia Vicesecretaria General del PSOE, Elena Valenciano, en relación con la pretensión del PP de modificar (en realidad, eliminar) la actual normativa sobre interrupción voluntaria del embarazo, ha declarado que “si se consuma esta fechoría contra las mujeres vamos a estudiar fórmulas para pedir que se denuncien los acuerdos con la Santa Sede…”. Esta declaración coincide con la manifestación de Pérez Rubalcaba que afirmaba que “si el PP sigue con su plan de ajuste ideológico a la derecha” él propondrá al PSOE que plantee la revisión del concordato con la Santa Sede.
Ramón Jáuregui, portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso, coordinador de los trabajos de la conferencia política del PSOE y cabeza de filas de la corriente confesional del partido, reincidía en la idea de que en tal caso “plantearían una revisión de los actuales acuerdos con el Vaticano”. Así pues, parece que sólo si se diera esa condición (la modificación de la ley que regula la interrupción del embarazo), se plantearía la denuncia y revisión de los Acuerdos de 1979. No parece, por tanto, que este planteamiento obedezca a una convicción política profunda acerca de qué es lo que se necesita hacer en estos decisivos momentos.
En todo caso, Jáuregui va un poco más allá y declara que la fuerza de la Ic en el debate público es “anómala y exagerada”. Y no sólo en el debate público, cabe añadir: los privilegios de la Iglesia en materia económica, jurídica, simbólica, así como en la enseñanza, son exorbitantes, y no tienen parangón en toda Europa, y a ello ha contribuido persistentemente la política de todos los gobiernos socialistas en sus 23 años en el ejercicio del poder.
Jáuregui se extiende algo más, al afirmar que la posibilidad de romper los acuerdos es una “reflexión que viene haciendo una fuerte corriente de su partido (a la que él no parece pertenecer) antes incluso de que se anunciara la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo”. Tratándose del coordinador de los trabajos de la Conferencia Política del PSOE y del cabeza de filas visible de la corriente confesional del partido, la utilización de la palabra “romper” podría generar alguna expectativa, pero el hecho de que venga acompañada de la palabra “posibilidad” (ciertamente no hay nada imposible, si existe voluntad política) no nos debe ocultar que tal ruptura resulta altamente improbable.
Por último, el portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso también ha declarado que es probable que no se puedan mantener invariables los términos “de aquel viejo tratado del año 1979” con el Vaticano, en un país que ha evolucionado hacia una concepción de la igualdad, de la libertad religiosa y de la laicidad incluyente.
Vayamos por partes. En primer lugar, parece que la “posibilidad” de romper los Acuerdos, condicionada a que el PP anule la actual regulación sobre el aborto, se matiza bastante: sólo se estaría planteando sustituir “el viejo tratado de 1979” por otro nuevo. De hecho, Jáuregui habla de “revisión”. En la misma línea abunda Moscoso cuando afirma que “ha llegado el momento de reformar los Acuerdos”. En realidad todas estas declaraciones me suenan a esa manida fórmula publicitaria, ya utilizada en otros tiempos por el PSOE, “Acuerdos…de entrada no”, de tan infausta memoria para tantos miles de personas de izquierda.
L@s militantes socialistas y sus dirigentes tienen la obligación de sacar de la incertidumbre a la sociedad y, especialmente, a sus potenciales votantes, sean éstos quiénes sean, en este momento de grave hundimiento de su partido y de una evidente desafección ante la política y los políticos. ¿Los Acuerdos han funcionado aceptablemente, como declaró Zapatero hace apenas unos años? ¿Son los privilegios eclesiales, tanto económicos, como jurídicos, educativos y simbólicos una muestra de ese funcionamiento “aceptable”? ¿No tiene el PSOE nada que explicar a la sociedad española (o a su posible base social, al menos) acerca de tantos errores de omisión cometidos en esta materia, e incluso de políticas activas a favor de la jerarquía eclesiástica (baste como botón de muestra la subida de más del 30% en la cantidad que se desvía de la declaración del IRPF)?
A mi juicio, sólo este ejercicio autocrítico y una iniciativa política que denuncie los Acuerdos de 1979, y proponga su anulación, podría restituir las esperanzas en la laicidad de las instituciones del Estado y de sus servidores públicos.
No obstante, la mención de Jáuregui a la “libertad religiosa” y a la “laicidad incluyente” nos sitúa en una senda de sentido contrario. Sin necesidad de extenderme en este asunto, hay que volver a recordar el empecinamiento de la actual jerarquía del PSOE en seguir “jugando en el equipo de los obispos”, omitiendo la referencia a la genuina libertad de conciencia (reconocida por la legislación internacional en la materia), dentro de la cual quedan comprendidas las creencias de tod@s l@s ciudadan@s, sean religiosas o de cualquier otra naturaleza. L@s dirigentes del PSOE conocen la diferencia, pues su último gobierno, ya en fase terminal, propuso la elaboración de una (previsiblemente descafeinada) ley de libertad de conciencia que sustituyera a la actual, e ignominiosa Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 1980.
Igualmente confesional es adjetivar la laicidad como “incluyente” ¿Qué incluye? ¿A quiénes? ¿Incluyente significa colaborar con la Iglesia católica y las demás confesiones, de manera que el Estado promueva las religiones y sus intereses? No. El laicismo no puede admitir adjetivaciones, pues de lo contrario lo estaríamos prostituyendo. El laicismo reconoce la libertad de conciencia de todas las personas, con creencias religiosas o de cualquiera otra naturaleza, la igualdad de derechos entre todas ellas y la estricta separación entre el Estado y las creencias. Por lo tanto, la laicidad de las instituciones que se inspiren en los principios del laicismo ya incluye a las personas de todas las creencias y convicciones, sean de la naturaleza que sean, así como excluye la manipulación eclesial de los ámbitos públicos.
La Vicesecretaria General del PSOE, Elena Valenciano, denuncia que el Gobierno del PP “no escucha” a quienes defendemos una educación y una sanidad públicas, y ello me permite una reflexión acerca de la acción política y sus efectos a medio plazo. La destrucción sistemática de la sanidad y la enseñanza pública a que se aplica afanosamente en la actualidad el gobierno del PP, aún con el telón de fondo de la ofensiva neoliberal a nivel mundial desde hace tres décadas, tiene también sus no muy lejanos antecedentes en decisiones políticas de gobiernos del PSOE: tanto la introducción de las fundaciones en la sanidad pública como la concertación con la escuela privada (católica mayoritariamente) han permitido, en la actualidad, el trasvase del ingente capital público acumulado en el sistema sanitario hacia la iniciativa privada, por un lado, y por otro, la introducción definitiva del confesionalismo en el sistema educativo español, así como el debilitamiento de la escuela pública en beneficio de la iniciativa privada.
No parece que las miles de personas que nos hemos manifestado contra esta situación en los últimos diez años hayamos sido “escuchados” por los diferentes gobiernos del PSOE. Ahora, ya en la fase final de acoso y derribo de ambos sistemas (sanidad y enseñanza), l@s dirigentes socialistas declaran que su intención no era, en ningún caso, que se llegara tan lejos. Pero, en todo caso, fueron ell@s quienes pusieron la primera piedra privatizadora y quienes han seguido dando pasos en la misma dirección hasta…su derrumbe político. Sus militantes deberían tener el convencimiento de que estos servicios (que son derechos sociales pero también deberes públicos) sirven para crear vínculos sociales, redistribuir rentas y promover una mayor igualdad entre l@s ciudadan@s. Este ámbito es el que da consistencia al Estado. Y sin un Estado con un amplio espacio público, donde confluya lo que podemos considerar de interés general, sin esta posibilidad de emancipación personal, no es posible la existencia del laicismo ni, por tanto, de la democracia.
Si las declaraciones de las personas que ejercen el liderazgo en el PSOE pueden ofrecernos indicios (al menos, verbales) de la posible voluntad política de su partido, es en los documentos oficiales de un partido (Congresos, Programas electorales) donde se expresa de manera fehaciente dicha voluntad política, así como la disposición a adquirir compromisos políticos. Y en ese sentido, los documentos más recientes, y relevantes, puestos por el PSOE a disposición de l@s ciudadan@s han sido el Programa Electoral para las elecciones generales de 2011 y la Ponencia Marco para el 38 Congreso del Partido. Veamos cómo desarrolla los aspectos relacionados con el laicismo.
El Programa Electoral a las Elecciones Generales del 20 de noviembre de 2011 se componía de 5 apartados y de 181 páginas. En su apartado V, dedicaba el punto 2.6 a las Reformas para profundizar en la aconfesionalidad del Estado español. Tras realizar alguna genérica afirmación de orden político y sociológico, como que “la laicidad del Estado es consustancial a la idea de libertad e igualdad” (adjetivándola de “positiva”), o la necesidad de “fomento del pluralismo religioso y de la libertad de no profesar religión alguna” (¿El Estado debe fomentar el pluralismo religioso? ¿Tan difícil es hablar de libertad de conciencia?), sitúa como preocupación central que “se ha producido un incremento cuantitativo y cualitativo de la diversidad religiosa” y que plantea a los países europeos (y al nuestro, se entiende) “uno de sus desafíos mayores”.
Apenas estos tres cortos párrafos, daban paso a dos propuestas, una abstracta y otra concreta: la primera, declamaba la necesidad de asegurar “la neutralidad religiosa en los espacios y actos públicos”, sin especificar a qué actos y espacios se refería ni cómo se incorporaría al campo político y jurídico normativo; la segunda planteaba suprimir los privilegios de la Iglesia católica contenidos en la Ley Hipotecaria, y su Reglamento, modificando el artículo 206 de la primera y el 304 del segundo, para hacer imposible las apropiaciones eclesiales por la práctica de la inmatriculación. Y eso es todo sobre el laicismo en el programa electoral.
En vano buscaremos ninguna referencia a los Acuerdos con la Santa Sede (un Concordato, de hecho), a la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, a la elaboración de una auténtica Ley de Libertad de Conciencia, al compromiso acerca de una escuela pública laica que elimine el adoctrinamiento religioso de las aulas, a la derogación del Código Civil de los artículos que tipifican el delito de blasfemia,…
El segundo documento reciente que podemos utilizar como “testigo” es la Ponencia Marco del 38 Congreso Federal, celebrado en Sevilla los días 3, 4 y 5 de febrero de 2012. En este documento, de 121 páginas, sólo figuran tres referencias en otros tantos párrafos:
a) La primera, en relación con la necesidad de apostar por “reforzar la calidad de la democracia y ponerla en manos de ciudadanos y ciudadanas”, signifique esto lo que signifique, se afirma que “necesitará de una apuesta firme por desvincular definitivamente las cuestiones religiosas de las civiles, garantizando la laicidad que proclama nuestra Constitución.”. Palabras hermosas donde la haya, pero completamente vacías de contenido, al no mencionar qué deberes deberán asumir los poderes públicos para garantizar el disfrute de estos derechos y con qué iniciativas políticas y jurídicas pretende el PSOE hacerlos posible. ¿Qué se propone ante los funerales católicos de Estado? ¿Ante las tomas de posesión con crucifijos y biblias? ¿Ante la rendición de pleitesía de las autoridades civiles hacia las autoridades eclesiásticas y santos católicos? ¿Ante las capillas (con capellanes a cargo del erario público) en cárceles, hospitales, universidades y ejército?
b) La segunda mención, en relación con la ciudadanía común, afirma que ésta exige “del Estado que adopte una posición de especial neutralidad como garante del pluralismo religioso y de la convivencia entre las distintas confesiones religiosas.”, y termina declamando que “los socialistas seguiremos defendiendo la laicidad del Estado como una condición sine qua non para una convivencia armónica en nuestro país”. Una vez más se pone de manifiesto la visión reduccionista y clerical que del laicismo realiza el PSOE: sólo parece preocuparle el pluralismo religioso y la convivencia entre confesiones religiosas invisibilizando, por el contrario, a ese gran porcentaje de población atea, agnóstica o simplemente indiferente ante el hecho religioso. Es coherente con esta premisa planteamientos tan peregrinos como el “diálogo entre civilizaciones”.
En esta ocasión (38 Congreso) no se ha hecho alusión, al menos, a la consolidación de las relaciones de “cooperación con las diferentes confesiones religiosas”, que figuraba en la Resolución del 37 Congreso, aunque es consistente con la propuesta de que el Estado sea “garante del pluralismo religioso”, que he mencionado más arriba en este mismo apartado. Por eso no está de más aclarar que el ámbito de la “cooperación” del Estado con las distintas creencias debe estar basado en el ejercicio (derecho) de libertad de conciencia, de tal manera que “cooperar” debería significar hacer posible la igualdad y la libertad en el ejercicio de sus derechos constitucionales. Ir más allá, como sucede en la actualidad, es confesionalismo rampante.
c) Por último, al hablar de la educación, la ponencia afirma “Propugnamos, además, avanzar en la aconfesionalidad y la neutralidad de la enseñanza ante el hecho religioso en la escuela pública”. Se ignora cómo avanzar en este sentido sin “remover” los Acuerdos con la Santa Sede, especialmente el relacionado con la enseñanza y la Ley Orgánica de libertad religiosa. Ni una palabra, tampoco, acerca de l@s adoctrinador@s de religión en la escuela pública, de las múltiples prácticas confesionales, de los símbolos religiosos o de la permanente subordinación a los intereses episcopales.
En la misma Ponencia Marco del 38 Congreso se delineaba el escenario actual para el Partido Socialista con extraordinaria claridad: “En el último año, el PSOE ha sufrido las dos mayores derrotas electorales de la democracia. El 20-N, respecto a 2008 (sic), más de 4 millones de ciudadanos y ciudadanas han perdido su confianza en nosotros. Pero no debemos olvidar que otros 7 millones de españoles y españolas siguen apoyándonos. Nuestro principal objetivo es recuperar a quienes nos abandonaron y consolidar a quienes nos votaron para aglutinarlos en torno al futuro proyecto socialista. Aspiramos a ser los portavoces de millones de personas que reclaman una sociedad más justa e igualitaria”.
Ignoro qué planteamientos se están realizando en materia de laicismo, al día de la fecha, en los trabajos de la Conferencia política a celebrar en el otoño de 2013, pero en esta España supuestamente aconfesional y laica, llama poderosamente la atención la carencia de una política laicista como partido, así como su escaso compromiso con las ideas laicas.
Si bien es patente el confesionalismo de muchos prominentes dirigentes socialistas, dudo que éste sea un fiel reflejo de las ideas de la mayoría de sus militantes. Más bien se observa, en todos los ámbitos, un temor a expresarse libremente en torno a estos asuntos, como si siguiera vigente la terrible amenaza de “no salir en la foto”. Así pues, sería deseable que las nuevas generaciones socialistas pudieran formar su conciencia política (laicista) en libertad, así como que ejercieran su libertad de conciencia sin cortapisas. Claro está que esta “salida del armario” exige claridad teórica, voluntad política y valentía personal. En todo caso, estoy seguro que estas cualidades están presentes en un gran número de l@s actuales militantes socialistas.
En un momento como el actual, en que a la profunda crisis económica en nuestro país (cuyo análisis no es objeto de este trabajo), se superpone la grave crisis de legitimación del sistema político (como causa y efecto, simultáneamente), el sistema político representativo, en su actual configuración, es incapaz de conseguir unas condiciones de vida dignas para la mayoría de l@s ciudadan@s, arrebatándoles con ello la propia condición de ciudadanía.
Sin imaginar nuevas formas de participación y deliberación públicas en los asuntos colectivos, los partidos tradicionales están condenados a su atomización y, finalmente a los márgenes de la acción política. Para ello es necesario la elaboración de una política que satisfaga las necesidades sociales y económicas más sentidas por la mayoría de la población. Si las personas que están en la órbita del PSOE (dirigentes, pero sobre todo militantes) no son capaces, en esta encrucijada, de “imaginar” el futuro y arrumbar el pasado, no podrán impedir el actual rumbo errático, ni su actual declive hacia la irrelevancia. Y este imaginario, en el ámbito del laicismo, debe ofrecer respuestas a los asuntos capitales hoy planteados: Acuerdos con la Santa Sede, Ley Orgánica de Libertad Religiosa, elaboración de una Ley de Libertad de Conciencia, eliminación de las referencias confesionales en la Constitución (art. 16.3), Código Civil (blasfemia), Ley Hipotecaria y Reglamento (inmatriculaciones). Éste es el presente y el futuro. No es el momento de más silencios cómplices.
Rivas Vaciamadrid, a 17 de mayo de 2013
M. Enrique Ruiz del Rosal
Presidente de la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid
Miembro de la Junta Directiva de Europa Laica

El laicismo del Psoe: ni toca ni tocará

Existe un soterrado malestar en las filas del PSOE por el “freno” que sus dirigentes están ejerciendo a los avances laicos requeridos por la militancia en su último congreso. Según difundió Público, hubo incluso parlamentarios que salieron disgustados por el rechazo de su partido a las propuestas de IU para avanzar en la laicidad del Estado. ¿Hasta cuando el “hoy no toca”?, se preguntan.

El interrogante causa perplejidad a quienes nos tomamos en serio esto de la laicidad. ¿Pero cuando y donde ha dicho el PSOE que “tocará” cuestiones laicas que puedan parecerse a las que IU ha llevado al Congreso?¿Cuando el PSOE ha hablado de denunciar los acuerdo con el Vaticano de 1979, nudo gordiano que ata los múltiples privilegios de la Iglesia católica que convierten a nuestro Estado en confesional de hecho?
La “laicidad” del PSOE está muy definida en el capítulo dedicado a ella en su programa electoral para 2008-2012. Y sus militantes (y electores) deben estudiarlo para no llamarse a engaño, para no confundirla con la que los laicistas defendemos: libertad de conciencia sin discriminaciones entre creencias religiosas o no; separación Iglesia Estado; escuela libre de dogmatismos… ¿Es esto lo que quieren? Pues no es esto de lo que el PSOE habla. Ojo, el PSOE, no tal o cual militante, sino la postura oficial del partido como tal y la que sus dirigentes llevan a cabo.
La laicidad del PSOE, no va más allá de una recortada “libertad religiosa” que atienda algo a las confesiones religiosas de “notable arraigo” (menos del 2% de la población), pero sin recortar los enormes privilegios que el concordato pone en manos de la jerarquía de la Iglesia Católica. Esto significa:

1. Persistir en el absoluto desprecio de las creencias no religiosas. Ateos y agnósticos, que representan el 18% de la población (¡diez veces más que las religiones emergentes!) siguen despreciados, ignorados por el PSOE, salvo a la hora de cobrarles los impuestos con que pagan sotanas, obleas, enseñantes de dogmas en la escuela e iglesias. Gracias a la política de “libertad religiosa” del PSOE pasarán también a pagar su cuota en mezquitas y sinagogas. ¿Avance laico?

2. Persistir en el brutal engaño que significa confundir las creencias católicas, que auto declaran el 80% de la población, con la “creencia” dictada por la jerarquía eclesiástica, a pesar de que más de un 60% de tales católicos no solo no son practicantes, sino que sus conciencias son radicalmente opuestas a los preceptos emanados de tal jerarquía. Ejemplo: encuesta del CIS: el 66% de la población aprueba los matrimonios homosexuales, ¡a pesar de los dos ciscos montados por la Iglesia! Consecuencia: la relación que mantiene el Estado con la Iglesia Católica entrega un poder económico a su jerarquía que es usado para conculcar la libertad de conciencia de la mayoría de católicos.

En resumen: solo una Ley de Libertad de Conciencia que se levante sobre las cenizas del Concordato y de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa es horizonte para el avance de la laicidad. Y nada de eso hay, negro sobre blanco, en el programa del PSOE. Por eso no debe sorprender que Zapatero y Fernández de la Vega acaben de asegurar al número dos del Vaticano que el Concordato permanecerá inmutable y que las posibles modificaciones de la LOLR no modificarán los privilegios de su iglesia.

Así que no se sorprendan los militantes laicos del PSOE por el rechazo a todas las propuestas laicas de IU; no es que “hoy no toque”, es que “no tocará”. Si creyeron lo que un día dijo Zapatero de que “el laicismo es el ADN de la democracia” (¿qué malintencionado se lo soplaría?), o dan un vuelco al partido para hacerlo realidad o emigran de él.

Jesús Espasandín López.

El congreso del Psoe y el laicismo

Tras la celebración del 37 Congreso Federal del PSOE muchas personas se han mostrado decepcionadas, en lo que a propuestas relacionadas con el laicismo se refiere. Sin embargo, existían numerosos antecedentes que no permitían abrigar demasiadas esperanzas. Como nos sucede a menudo a las personas inmersas en los procesos sociales, quizás han vuelto a confundir sus deseos con la realidad. Y la realidad de los acontecimientos es muy terca. A continuación señalaré algunos de los hitos más recientes:

1.- En el tercer trimestre de 2006, cuando se preparaba renegociar la financiación de los sueldos de obispos, curas y monjas católicos a cargo del IRPF, la Vicepresidenta De la Vega anticipó el mensaje de que la Iglesia católica (Ic, en adelante) debía ir pensando en autofinanciarse, como los propios Acuerdos con el Vaticano, firmados en 1979, estipulaban. Pero todo era humo. Unos meses más tarde se renovó la financiación de la Ic a cargo de todos los españoles, fueran o no católicos, se perdonó una deuda acumulada de varios cientos de millones de euros, contraída como consecuencia de obligaciones establecidas en los propios Acuerdos de 1979 y se mantuvo intacta toda la privilegiada estructura financiera de exenciones y bonificaciones de que goza la Ic desde 1979.

2.- Ante el verdadero escándalo social que supone la imposibilidad práctica de realizar interrupciones de embarazo en la sanidad pública, a pesar de que así lo establece la Ley de 1985, el PSOE introdujo en el programa electoral de 2004 la elaboración de una Ley de Plazos. Tras incumplir dicho compromiso, y a pesar de la ofensiva de los grupos antiabortistas católicos, con agresiones a clínicas incluidas, el presidente Rodríguez Zapatero “zanjó” el debate de modo tajante, en diciembre de 2007, asegurando que no se incluiría en el programa electoral y que se iniciaría una “reflexión”. Se adujo entonces que había que pulsar más a fondo la opinión pública y luego “madurar la decisión en la sociedad para evitar una polémica y una división social.”
El propio Vicesecretario General del partido socialista reconoce que intuían que “no tendríamos, solos, la fuerza suficiente para poder llevarlo a la práctica.” Pocos meses después, la sociedad debió madurarlo y el PSOE se debió sentir con fuerza suficiente, porque la elaboración de una ley de plazos fue incluida entre los compromisos políticos del 37 Congreso.

3.- Ante la profusión de funerales católicos de Estado y de símbolos confesionales (biblias, crucifijos) en las tomas de posesión ministeriales, impropias de un Estado que se autodefine como aconfesional, en mayo de 2008 Izquierda Unida y el Grupo Mixto presentaron sendas proposiciones no de ley para eliminar la Biblia y el crucifijo de las tomas de posesión de los ministros, así como para revisar los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede, respectivamente.
A pesar de que el propio secretario del Grupo Parlamentario Socialista, Ramón Jáuregui, afirmó durante el debate que “el crucifijo está de más”, su grupo votó en contra de ambas proposiciones, uniendo su voto al PP y a CIU. El sorprendente razonamiento de Jáuregui para justificar la negativa de su grupo fue que “la supresión de símbolos religiosos en actos institucionales debe producirse como consecuencia de la práctica y la evolución social y protocolaria, pero no mediante prohibiciones legales que no tienen sentido.”
No sólo resulta contrario a la Constitución dicho alegato, pues en ella se establece la separación de la religión y el Estado y, por tanto, la necesidad de no confundir sus respectivos símbolos, rituales y prácticas, sino que de aplicarse el criterio de “la práctica y la evolución social” probablemente no estaría reconocido aún el matrimonio entre personas homosexuales o no existiría la Ley de igualdad de género. Yéndonos aún más atrás, podríamos preguntarnos si se daban estas condiciones (o lo que entienda el PSOE por tal) cuando se abordó la despenalización del aborto en 1985.
La falsedad de este argumento oculta dos certidumbres:
a) Todo depende de la fuerza del movimiento social que esté detrás de la reivindicación y de su permeabilidad en el seno del partido socialista, y el movimiento homosexual tiene una gran influencia social y evidentes conexiones y simpatías en el seno del partido.
b) Es necesario que exista voluntad política para traducir en normas legales dichas reivindicaciones, y en el caso de la legalización del matrimonio homosexual ha existido dicha voluntad política.

4.- Ya en el contexto del 37 Congreso, la propia propuesta elaborada por la dirección, en su avance en la “laicidad del Estado”, para retirar los símbolos religiosos de los espacios públicos y suprimir los funerales de Estado de carácter confesional fue corregida “personalmente” por Rodríguez Zapatero: admitió lo primero, descafeinando la expresión “espacios públicos” por “edificios públicos” y tachó la supresión relativa a los funerales de Estado. Asimismo, fueron rechazadas sendas enmiendas de Izquierda Socialista que proponían la elaboración de un Estatuto de Laicidad, que regulara pautas aconfesionales de relación entre las instituciones públicas, representantes políticos y cargos públicos por un lado, y las confesiones religiosas, por otro, así como la revisión de los Acuerdos con el Vaticano.
Los argumentos resultan familiares: deben hacerse los cambios “de acuerdo con el sentir general de la ciudadanía, porque no es propósito de los socialistas actuar por imperativo legal, sino dirigir y acompañar esta evolución de la sociedad”. Bajo este argumento de corte sociológico se enmascara una evidente ausencia de voluntad política. La sociedad se expresa a través de múltiples partidos políticos y movimientos sociales. Pero en el 37 Congreso los laicistas esperábamos que el PSOE nos explicara sus objetivos y propuestas, no que nos remitiera “al sentir general de la ciudadanía”. Este argumento circular es puramente evasivo en lo referente a las propuestas realizadas, que no han sido contempladas.

Bastan estos cuatro antecedentes para situar, de manera realista, lo que se puede esperar en materia de laicismo del PSOE en el momento presente. Dejo para más adelante las reflexiones de índole política y social sobre estos asuntos.
Pero ¿qué es en realidad lo que se ha aprobado en el 37 Congreso del PSOE en relación con el laicismo?
Dando un paso más en el sentido del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y en relación con la interrupción del embarazo, por fin se compromete a “apoyar la revisión y elaboración de una nueva ley que recoja las experiencias más innovadoras de las leyes europeas de indicaciones y plazos.” Resulta sorprendente que una sociedad que no parecía madura para este compromiso político en diciembre de 2007 (programa electoral) lo estuviera para impulsar esta Resolución en el 37 Congreso, pocos meses más tarde. Sin embargo, la despenalización de la eutanasia, o más exactamente su legalización, en el contexto del derecho a una muerte digna, no parece estar aún “de acuerdo con el sentir general de la ciudadanía”. Claro está que ello no debe desanimarnos habida cuenta de que el Secretario General del PSOE, en diciembre de 2007, “zanjó” el debate sobre una nueva ley de plazos no incluyendo ninguna propuesta en el programa electoral, y proponiendo simplemente “abrir una reflexión para la próxima legislatura.”

En el específico apartado titulado “Más laicidad para una mejor convivencia” (¿por que no más laicismo?), podríamos distinguir una parte puramente retórico-informativa (qué hemos hecho hasta ahora y retos pendientes) y otra parte que abarca los compromisos.
En cuanto a la primera parte debo empezar afirmando que un reto pendiente, que no compromiso, es “el desafío de crear una cultura pública laica”. Un partido político que tiene el laicismo entre sus señas de identidad, debería considerar como un objetivo prioritario la creación y difusión de una cultura pública laica basada en la igualdad de las diferentes creencias, religiosas o no. Hasta ahora no ha existido ninguna política específica del partido socialista en esta dirección.
Inquieta, no obstante, el que se incida en el mismo sentido iniciado por la Ley de Libertad Religiosa, apuntando como reto consolidar las relaciones de cooperación con las diferentes confesiones religiosas. Una vez más. El ámbito de la cooperación con el Estado debe estar basado en el ejercicio (derecho) de libertad de conciencia, de tal manera que “cooperar” debería significar hacer posible la igualdad y la libertad en el ejercicio de sus derechos constitucionales. Ir más allá, como sucede en la actualidad, es confesionalismo rampante.
Así pues, el reto de la “cooperación”, tal y como se configura en la actualidad, es completamente ajeno al laicismo y apunta directamente contra él. Especialmente si esta cooperación se arbitra a través de acuerdos bilaterales internacionales (Concordato, aún vigente, y Acuerdos de 1979) o leyes de libertad religiosa que desconocen la existencia de creencias de naturaleza no religiosa.

En el apartado de avances conseguidos, destaca por su contenido específicamente laico el reconocimiento del matrimonio homosexual, y debo reconocer no como avances sino como evidentes retrocesos:
a) La solidificación, con carácter permanente, de un acuerdo con la enseñanza concertada católica, lo que significa el abandono definitivo de algo tan necesario para nuestra joven democracia como el desarrollo de una moderna escuela pública laica. El planteamiento, sin duda, es un juego de suma cero: cada paso a favor de la enseñanza concertada católica representa un paso atrás para la enseñanza pública.
La formación de millones de escolares en centros concertados religiosos garantiza la transmisión ideológica y cultural de los contenidos católicos, especialmente, con cargo a los presupuestos estatales. Ésta es la gran palanca del poder ideológico de la Iglesia católica en España y la base de su potente presencia en la sociedad.
b) Se perpetúa el pago de los salarios de obispos, curas y monjas a cargo del erario público y, por tanto, a cuenta de tod@s l@s español@s. Asimismo, se les perdona una cantidad superior a varios cientos de millones de euros que debían haber reintegrado al Estado, merced a lo estipulado en los propios Acuerdos de 1979. El propio Álvaro Cuesta, diputado del PSOE, reconocía que era un asunto que de haberse llevado al Constitucional se hubiera ganado. Es indudable que esta condonación formó parte del acuerdo sellado entre el Estado y la Conferencia Episcopal a finales de 2006. Por lo tanto, en este asunto, sólo se puede hablar de franco retroceso.
c) Por último, mantener que “la creación e impulso de la Fundación Pluralismo y Convivencia para la financiación de actividades de las confesiones religiosas llamadas minoritarias” es un avance en la dirección de una sociedad laica es un sarcasmo. Si acaso es un tenue intento de reconfigurar (o reequilibrar) las relaciones interreligiosas en España, concediendo una pequeña parte adicional de la “tarta” a las religiones minoritarias. De esta forma “compran” su silencio y su encaje en un sistema que sigue dotando de privilegios exorbitantes a la Ic. Y de paso se alejan de la pretendida aconfesionalidad constitucional y se invisibiliza a todas las creencias no religiosas.

En el apartado de los compromisos figura, en un lugar preeminente, “apoyar la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa” (LOLR, en adelante). Si se considera tan importante su reforma (y los laicistas consideramos fundamental su derogación y sustitución por una ley de libertad de conciencia) no se explica que no se plantee nítidamente impulsar su reforma y no tan sólo “apoyar”. Pero dejando aparte los aspectos semánticos (o no tan semánticos), llama la atención que sólo se muestre preocupación, una vez más, por las creencias de naturaleza religiosa: necesidad de “nuevos pasos en la regulación del derecho de libertad religiosa”; “pluralismo de opciones ante lo religioso”; regular los derechos en el ejercicio de las “libertades de conciencia, de asociación, de expresión, etc., en lo que afecta a la pertenencia a comunidades religiosas”; “nuevos criterios para la colaboración de las confesiones religiosas con las Administraciones Públicas”.
Sorprende que estas intenciones se enmarquen en la voluntad de dar un “trato igualitario para todas (las confesiones religiosas), sin privilegios confesionales”. Entonces ¿qué piensa proponer el PSOE para acabar con los privilegios de la Ic? Como sobre esto nada se dice, debemos interpretar que el trato igualitario pasa por elevar a las demás confesiones hacia el nivel de los privilegios católicos, a muy largo plazo, claro está. Así pues, debemos esperar que el modelo “aconfesional” que el PSOE ofrece a la sociedad española es: más acuerdos con las diferentes confesiones religiosas (¿por qué no acuerdos internacionales?); más casillas en el impreso del IRPF para todas ellas; más exenciones y bonificaciones fiscales; más oferta obligatoria de religiones en la escuela pública; más dinero público a conciertos educativos privados con otras religiones; más adoctrinadores religiosos en la escuela pública, pagados con el dinero de tod@s l@s español@s; más dinero público para mantener todos los templos religiosos; más medios de comunicación religiosos subvencionados por el erario público. Esta es la dirección que prefigura la actual propuesta de modificación de la LOLR, en sentido diametralmente opuesto a la aconfesionalidad establecida por la Constitución. ¿Así se “profundiza en la separación entre el Estado y las confesiones religiosas”?
Que en este contexto el 37 Congreso se plantee abordar “la desaparición progresiva de símbolos y liturgias religiosas en los edificios públicos y en los actos oficiales del Estado” deja tan amplísimo margen para la interpretación, que resulta imposible adivinar cuál será su concreción en la práctica.
Un último comentario sobre este asunto: el PSOE no debería temer reconocer los privilegios actualmente existentes para la Ic, por lo que en vez de referirse a “símbolos y liturgias religiosas”, debería especificar que se refiere a símbolos católicos y liturgias católicas, exclusivamente.
Desde un análisis estrictamente laicista, la LOLR, de 1980, convertía en invisibles las creencias no religiosas, garantizando sólo el derecho a la libertad religiosa y de culto. Anulaba así de un plumazo, las creencias y convicciones no religiosas, reconocidas en plano de igualdad con las religiosas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948. Se establecía, asimismo, un Registro de Entidades Religiosas (RER) que resultaba obligatorio para todas las religiones, menos para la católica. Además, se creaba la categoría de “notorio arraigo”, para discriminar entre religiones de segunda y tercera categoría (la primera categoría la ocupaba la religión católica, por supuesto).
De esta forma, las religiones “de notorio arraigo”, tras la firma de un convenio con el Estado, reciben también financiación pública y se benefician de ciertas exenciones fiscales. En definitiva se trataba de repartir unas “migajas” (en comparación con lo recibido por la Ic), creando la ficción de una cierta igualdad de trato interreligiosa.
Así pues, desde el principio de igualdad y de no discriminación entre l@s ciudadan@s que propugna nuestra Constitución, la LOLR es una ley que debe ser derogada, por discriminatoria e injusta, y substituida por una ley de libertad de conciencia, que reconozca expresamente el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, como establece el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre esta materia ratificados por España. Asimismo, se debería trasladar esta interpretación a los artículos 522 a 525 del Código Penal, para eliminar delitos como el de “blasfemia”, pues lo que debe ser protegido son las personas, tomadas individualmente, y no las convicciones. Y, consecuentemente, se debería regular el derecho de libertad de conciencia, sin discriminar entre las creencias de naturaleza religiosa y las no religiosas, dotando a ambas de un estatuto equivalente, como corresponde a lo establecido en la Constitución.

A la vista de los antecedentes expuestos y de la literalidad de las Resoluciones en materia de laicismo, cabría realizar las siguientes reflexiones:

A) Con demasiada frecuencia se interpretan los titubeos del PSOE, o los francos retrocesos en esta materia, como producto del miedo. La influencia y los privilegios de la Ic en la sociedad española actual es de tal calibre que permitiría justificar todo tipo de prevenciones ante la inminencia de procesos electorales, con la consiguiente probabilidad de pérdida de influencia política. Más aún, conociendo la capacidad de la jerarquía católica para movilizar sus organizaciones de masas, azuzadas por sus intelectuales orgánicos y sus potentes medios de comunicación. No obstante, las personas que trabajamos por el laicismo en España debemos profundizar en el análisis de las raíces del bajo compromiso del PSOE con las ideas laicas.
A mi modo de ver la causa principal de este comportamiento se encuentra en el seno del propio partido y en muchos de sus propios militantes y cargos públicos (los de mayor influencia política). En el 37 Congreso, el alcalde de Santiago, hoy en la Ejecutiva del partido, defendió la cristiana y milenaria tradición de la ofrenda, en nombre del Rey, al Apóstol Santiago; el alcalde de Lugo hizo lo propio con el Corpus. Fuera ya del Congreso, el alcalde de A Coruña presidía, con el arzobispo de Santiago, la inauguración de una estatua de la Virgen del Carmen, en pleno centro de la ciudad; por los mismos motivos se defiende la asistencia a la procesión del Cristo de la Victoria en Vigo, el voto de la Virgen del Rosario en A Coruña o la ofrenda a la Virgen del Pilar, en Zaragoza, entre otras muchas manifestaciones por el estilo.
A estas alturas no hace falta aclarar que el laicismo no es contrario a este tipo de manifestaciones. Lo que resulta inaceptable es que responsables políticos de todos los niveles de la Administración se involucren en todo tipo de manifestaciones confesionales católicas. ¿Dónde queda el mandato constitucional de que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”? ¿Dónde el respeto a la libertad de conciencia de las personas que no tienen creencias religiosas o, aún teniéndolas, no son católicas?
Es cierto que, como afirma algún tratadista próximo al PSOE, este partido es uno de los pocos de la izquierda europea sin una política específica hacia el mundo católico. Al menos explícitamente. Y es una carencia que no la tenga. Pero más visible, en una supuesta España aconfesional y laica, es su carencia de una política laicista como partido y, por tanto, su escaso compromiso con las ideas laicas. Y ello es consecuencia del predominio confesional católico entre sus militantes y del decisivo peso del universo católico en el seno del partido, que dirige tanto el sentido de sus decisiones como los significados de las mismas.
Es probable que de ahí proceda su baja sensibilidad acerca de las cuestiones capitales del laicismo en España: Rodríguez Zapatero manifiesta que para qué tocar los Acuerdos con el Vaticano si hasta ahora han funcionado “razonablemente bien”; el alcalde de Santiago, ya en la Ejecutiva Federal del PSOE, no percibe “que la sociedad demande más laicismo”; tenemos un embajador ante la Santa Sede que parece, más bien, el embajador del Vaticano en España; el alcalde de Zaragoza ruega a sus concejales la asistencia a misa y procesión del Corpus; e igualmente hacen el alcalde de Toledo y el presidente de Castilla La Mancha, todos socialistas.

B) Es cierto que el PSOE ha impulsado medidas legislativas en materia de igualdad o de reconocimiento de los derechos homosexuales, así como parece que lo hará en relación con derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que deberá hacerlo con la eutanasia. Pero estas medidas se benefician de las sucesivas oleadas secularizadoras de los últimos 40 años, al socaire de un sistema económico que globaliza tanto la riqueza y la pobreza como los comportamientos sociales y la evolución de las costumbres.
Si bien este proceso secularizador provoca la pérdida de relevancia social e influencia de la Iglesia católica en la vida pública y ayuda a ir desdibujando su tutela moral sobre los ciudadanos, no es menos cierto que el intento de frenar dicho proceso conduce a la jerarquía católica a concentrar sus esfuerzos en dos aspectos esenciales: la enseñanza y la financiación de sus actividades y estructuras. Sin estos dos pilares la Ic no podría disfrutar de los actuales privilegios y estaríamos en condiciones de recorrer una senda auténticamente aconfesional, en un marco de igualdad y de libertad de conciencia. Podríamos recorrer un camino que nos dirigiera hacia un auténtico Estado laico.
Pero las dos claves de bóveda que mantienen en pie la enseñanza y la financiación católicas son los Acuerdos de 1979 con el Vaticano (Concordato) y la LOLR. Mientras sigan existiendo ambas regulaciones, no sólo resultará imposible avanzar hacia un Estado laico, sino que cada vez nos veremos más lejos de dicho objetivo. La prueba es que la maraña legislativa y jurisprudencial que se ha derivado de ambas normas hace materialmente imposible apear a la Ic de sus privilegios, hoy más firmemente asentados que en 1979, cuando el horizonte hacia un Estado laico aparecía despejado con la Constitución recién aprobada.
Para la jerarquía católica las leyes secularizadoras que elaboran los gobiernos del PSOE son importantes, por la influencia que ejercen sobre las pretensiones de la religión como metarrelato legitimador del todo, lo que implica menor influencia social y cultural. Por eso la existencia de los Acuerdos de 1979 y la LOLR son, para la Iglesia católica, esenciales porque: a través de ellos mantiene su potente aparato de adoctrinamiento y propaganda aposentado en la enseñanza pública y concertada, consigue financiación estatal para sus actividades, sus infraestructuras y sus activistas y permite recordar permanentemente, a toda la sociedad española, que tiene reconocido un estatuto jurídico-civil privilegiado, tanto para la Ic como para sus instituciones eclesiásticas. De ahí, que todo lo que no sea la derogación de estas normas nos aleja, cada vez más, no sólo de la posibilidad de un Estado laico, sino de la estricta aconfesionalidad, y nos aproxima a un Estado pluriconfesional.

C) Otra reflexión pertinente al hilo del 37 Congreso es que el peso de las ideas laicistas en la sociedad española actual es muy bajo, así como en el seno del propio PSOE, que no es más que un reflejo de aquélla. Todo ello sin dejar de reconocer que la realidad social de 2008 no puede compararse con la de hace 30 años, debido al proceso secularizador al que antes aludía, que ha provocado una mayor diversificación en el “mercado” de las creencias. Fruto de este proceso ha sido el fuerte incremento de las personas con creencias ateas desde la década de los 90 y, en menor medida, de los agnósticos e indiferentes.
Esto no significa que pueda deducirse un crecimiento potencial relevante del activismo laicista a corto plazo. Es más, en términos estrictos, no puede hablarse actualmente de que exista un movimiento laicista en España; más bien lo que existe es un pequeño número de grupos laicos en algunas ciudades (Granada, Cáceres, Valladolid, Segovia, Zaragoza, Cullera, Rivas Vaciamadrid y otras) que están intentando empezar a coordinarse bajo el paraguas de Europa laica, diversificando su campo de atención más allá del importantísimo asunto de “la religión en la escuela”.
Así pues, conviene situar el punto de partida con realismo, para no dar lugar a pensamientos circulares pesimistas (somos poc@s, por eso no podemos hacer nada; no podemos hacer nada porque somos poc@s), o a expectativas poco razonables, impulsadas exclusivamente por nuestros deseos. Este proceso “enmascarador” de la realidad sólo puede provocar pesimismo que, a su vez, tenderá a seguir alejándonos de la realidad paulatinamente. De manera que debemos tener claro que cuando decimos, a pesar del camino recorrido, que “la lucha por el laicismo no ha hecho más que empezar”, lo decimos plenamente convencid@s.

D) Resulta muy significativo el claro descenso, en las dos últimas décadas, de las personas que se declaran católicas en España. No obstante, este descenso se reparte muy desigualmente según que afecte a las prácticas confesionales y creencias (misa, oración, fuerte descenso) o a determinadas prácticas más relacionadas con la tradición y la cultura (procesiones, romerías, se mantienen).
A pesar de ello, la mayoría de las personas que se definen como católicas no parecen estar controladas por la Ic, en lo referente a sus opiniones y comportamientos. Más bien parecen individuos plurales, con una variedad de campos de atención diversos que se activarían en función de la pluralidad de contextos en que se van situando. De ahí que los análisis sociológicos evidencien que la salud, la familia, el trabajo, los amigos o el bienestar económico tienen más importancia, para los españoles, que la religión. Asimismo, dichos análisis muestran cómo la sociedad española es claramente contraria a la intervención de las autoridades religiosas en asuntos políticos, lo que permite deducir que conciben una clara separación entre la esfera política y la religiosa.
Lo dicho anteriormente nos debe permitir tener en cuenta la existencia de un numeroso contingente de católic@s sincera y consecuentemente laic@s, dispuest@s a recorrer el camino que acabe con los privilegios de la Ic, situando a todas las creencias, religiosas o no, en pie de igualdad, y manifestándose especialmente en contra de los Acuerdos de 1979 y la LOLR.

E) Llama poderosamente la atención el hecho de que cerca del 50 % de los jóvenes entre 15 y 25 años se considere ateo, agnóstico o indiferente. Lo cual no significa que deban mostrar ningún interés por la problemática del laicista. Más bien, apenas existe compromiso de los jóvenes españoles con dicha actividad. Y sigue siendo la gran asignatura pendiente en el campo del laicismo.
Si la oleada secularizadora de los años 60 del siglo pasado llevó a un número importante de jóvenes a luchar contra una religión institucional que se les imponía (la católica) en los ámbitos de la cultura, de la enseñanza y de las costumbres, la oleada secularizadora de los años 90 afectó a un@s jóvenes cuya socialización se produjo al margen de las instituciones religiosas y la Ic. Por tanto, el contexto ya no es de oposición y lucha contra ellas sino de alejamiento e indiferencia, puesto que la religión no juega ningún papel en sus conciencias ni en sus vidas, en la medida en que se ha ido retirando del campo de las relaciones sexuales, del trabajo o del comportamiento político, como ponen de manifiesto todos los estudios sociológicos recientes.
Así pues, las personas que trabajamos por el laicismo debemos tener en cuenta estas circunstancias a la hora de encontrar los puntos de enganche con los problemas que preocupan a l@s jóvenes actualmente (posibles campos de acción, aspectos simbólicos de conexión, etc.) Debe quedar claro que todo lo dicho hasta aquí sólo sería aplicable a la población juvenil autóctona, puesto que, tanto la influencia de la religión en las diferentes culturas de l@s jóvenes inmigrantes como lo contextos de socialización de ést@s son muy diferentes de las influencias y contextos de l@s jóvenes autóctonos.

F) Una última reflexión me merece el 37 Congreso: los supuestos “significativos avances” que subyacen en propuestas como la Alianza de Civilizaciones o la Fundación Pluralismo y Convivencia, están basados, a mi juicio, en una errónea y peligrosa premisa acerca de los seres humanos, considerados individualmente.
La consideración del mundo como conjunto de “civilizaciones” o de religiones provoca el enmascaramiento de las diferentes y múltiples identidades (o filiaciones) que tienen los individuos. Así, son ignorados aspectos como el género, la clase social, la profesión, la política, el empleo o las aficiones, que aportan u determinado sentido de pertenencia a cada uno de los grupos humanos formados en torno a dichas características. De esta forma, la religión se erige en característica dominante, y prácticamente única, de categorización.
La libertad de conciencia y la libre expresión de las creencias, sean éstas religiosas o no, se ven atrapadas en esta visión reduccionista que coloca a cada individuo en un solo casillero: tú musulmán, tú católico, tú budista, tú ateo,… Reducir a los seres humanos a una dimensión única amordaza la posibilidad de interaccionar y relacionarse libremente en base a las demás características. Y quedan atrapados en su “particularidad” religiosa.
Los laicistas debemos desenmascarar y discutir permanentemente este planteamiento “comunitarista”, que subyace no sólo en los supuestos ideológicos del PSOE, sino en los de la mayoría de los partidos políticos españoles.
La peligrosidad de esta forma de pensar se pone de manifiesto en un aspecto fundamental: si se atiende sólo a la dimensión religiosa de las personas, ignorando las demás ideas o intereses, se dota de tal poder exorbitante a los voceros religiosos, que acaban arrogándose una influencia totalizadora sobre los demás campos de atención de los individuos. Ello sin desconocer que en muchos casos, esa invasión totalizadora de las demás esferas de la persona (sexo, costumbres, alimentación, indumentaria) ya están implícitas en las específicas prescripciones religiosas. Así se propone aplicar la ley islámica en Québec a l@s ciudadan@s musulman@s o se crean en Gran Bretaña escuelas hindúes o musulmanas financiadas por el Estado, como complemento a las escuelas cristianas ¿públicas? ya existentes. Esta parece ser la incipiente deriva que se propone en nuestro país, cuando se anuncian más financiación para otras religiones (y casillas) a través del IRPF, o la presencia en la escuela pública de más religiones.
Asimismo, en este contexto se comienza ubicando a l@s niñ@s en función de una exclusiva filiación (religiosa), a través del adoctrinamiento religioso en la escuela, mucho antes de que hayan desarrollado su capacidad de razonar y descubrir los múltiples campos de atención y sus interrelaciones, que les harán madurar como adultos. Con lo que quedará predeterminada su identidad de forma indeleble.
Por último, esta visión reduccionista del ser humano, lleva implícita no sólo que los juicios morales de cada persona deben explicarse en base a los valores y normas de cada comunidad (religiosa), sino que sólo se pueden evaluar estos juicios desde dentro ( y en función , exclusivamente) de esas normas y valores. Ni que decir tiene que la utilización política de este planteamiento deja un amplísimo campo abierto para justificar todo tipo de “costumbres” y “tradiciones” (sumisión de la mujer, imposición de vestimenta o pautas alimenticias, castigos cruentos, etc.) así como objetivos más específicamente políticos (derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, derechos de homosexuales y lesbianas, divorcio, eutanasia, etc.). Todo ello no hace más que reforzar a las distintas jerarquías religiosas en su lucha contra los poderes públicos.

Rivas Vaciamadrid, a 1 de septiembre de 2008

M. Enrique Ruiz del Rosal
Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid

Promesas laicistas del Gobierno

Al parecer, desde el mes de Junio tenemos otro nuevo cargo, José María Contreras, director general de relaciones con “las iglesias”. Es catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado y será el encargado de ir dando pasos hacía la ansiada neutralidad confesional del Estado, garantizando la igualdad de todas las religiones.
La ambigüedad de la propuesta y la actitud mantenida por el Gobierno en los temas relacionados con la iglesia durante la última legislatura, me llevan a temer que esa igualdad deseada, en lugar de alcanzarla por la vía de la separación real Iglesia/Estado, va a ser obtenida alzando a todas las iglesias minoritarias al alto lugar que ocupa la católica en nuestro país, multiplicando los profesores religiosos en las escuelas, los privilegios fiscales, las prebendas y lo que es peor, infundiendo a cada una de ellas el convencimiento de que pueden imponer a la sociedad entera sus irrenunciables y particulares valores, muy respetables para sus creyentes; pero no vinculantes para los que no los comparten.

Mis temores no son infundados, este mismo señor había dirigido hasta ahora la Fundación Pluralismo y Convivencia creada para financiar proyectos de las diferentes confesiones existentes a día de hoy en nuestro país. Esta fundación, (datos aportados por el propio Sr. Contreras en entrevista a El País el 8 de Julio de 2008), en sus tres primeros años de existencia ha recibido 16 millones del erario público, con los que ha financiado 1.482 proyectos presentados por 1.345 comunidades religiosas. Han financiado actividades culturales, educativas y de integración social, convencidos que de este modo cumplían con el artículo 16 de la Constitución, “normalizando el pluralismo religioso de la sociedad española”. Si esta es la neutralidad confesional del Estado y la igualdad de todas las religiones que van a poner en marcha, preferible es que nos dejen como estamos, siempre será más fácil poner en el lugar que le corresponde a una iglesia que a ese plural conjunto del que disfrutamos hoy día. Y lo que es aún peor, con esta actitud siguen considerando que todos los españolitos estamos adscritos a una u otra religión, ignorando nuevamente al número de ciudadanos (cada día más importante), que no comparten sus creencias religiosas y que sólo ambicionan el fortalecimiento de un gobierno laico que potencie los derechos humanos, la solidaridad, la igualdad, la justicia social, la tolerancia, el respeto a las diferencias y la convivencia en paz.
Julio 2008

Pilar Trejo
Miembro de la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid

El laicismo ante la campaña electoral

La descarada actuación de la jerarquía eclesiástica en la manifestación convocada con el pretexto de defender a la familia ha provocado reacciones tan extensas e intensas que pueden dar lugar a un punto de inflexión en la lucha por una sociedad laica. El efecto pretendido de potenciar al PP en la campaña electoral mediante un ataque al supuesto laicismo radical del PSOE, ha supuesto, en los hechos, elevar el debate sobre el laicismo a los primeros planos de la disputa ideológica en estos momentos. Creo que los laicistas no podemos desaprovechar la ocasión.

El PSOE, caracterizado por una actitud de retroceso continuo en esta lucha y con perspectivas de profundizar en ello ante las elecciones, se ha visto obligado a sacar algo de pecho ante la gravedad del ataque y ante una cierta reacción popular de rechazo contra la brutalidad de los mensajes emitidos por la jerarquía eclesiástica. La expresión lanzada por Zapatero: “el laicismo es el ADN de la democracia” es, a mi juicio, el más certero y rotundo lema que los laicistas podemos poner en nuestro frontispicio y un referente en repuesta al despropósito clerical que intentó vincular auge de laicismo con disolución de la democracia.

Pero, tan solo pasados unos días, los efluvios de la copa laicista, tomada sin la precaución de acompañar con algún alimento sólido, empiezan a disiparse. Hoy (Público, 17/1/08, pag.20), la ejecutiva del PSOE ha decidido borrar de su programa electoral el Observatorio de las Laicidad, la Libertad de Conciencia y de Creencias que hace unos días anunciaba como propuesta. ¿Razones? La gracieta de Rubalcaba iniciando el debate con la pregunta de si eso consistiría en “una persona que cuenta los que van a misa” y la oposición de Caldera a la creación de organismos burocráticos y remitiendo el tema a la defensa del principio de libertad de conciencia sin más concreciones. Es decir, Rubalcaba ridiculiza los graves problemas de libertad de conciencia existentes en nuestro país y Caldera despacha la cuestión invocando defensas a realizar…en las nubes. Laicismo sí, pero verbal y descafeinado.

Las razones de estos comportamientos del PSOE pueden ser muy diversas y a nadie se le escapa las raíces de oportunismo político que las formaciones electoralistas anteponen a los principios éticos que dicen defender. Es la consabida postergación de los objetivos estratégicos a las calendas griegas, justificadas como necesidades tacticas del momento…hecho eternidad. Pero entiendo que los laicistas no debemos entrar en tal polémica, sino en mostrar las contradicciones entre los pretendidos principios básicos y los burladeros teóricos que construyen para no salir al ruedo a torear.

Presumiblemente el PSOE esté recorrido por corrientes diversas en este sentido, que expresen posiciones enfrentadas sobre el laicismo. Pero los hechos muestran que las políticas adoptadas (mantenimiento del Concordato; Ley Orgánica de libertad religiosa; financiación estatal de la Iglesia; enseñanza religiosa dogmática en la escuela…) corresponden a posiciones antagónicas con el laicismo. También se sabe que tales posiciones son defendidas desde un arco iris que va desde ataques directos al laicismo amalgamados con una inconsecuente defensa de la laicidad (Peces Barba); ataques indirectos perpetrados desde las confusiones terminológicas consistentes en apellidar al laicismo con calificativos negativos y positivos (Cristianos Socialistas del PSOE); hasta posiciones más ambiguas en el espectro de CIVES. A este respecto es sumamente recomendable los diversos escritos realizados por Juan Francisco González Barón que pueden localizarse en la página de Europa Laica y, especialmente el último titulado “La consideración política de la increencia”, a cuya lectura remito tanto por razones de falta de espacio aquí como por incapacidad mía para tratar la exposición con el rigor con que alli se aborda.

Consecuentemente, entiendo que a los laicistas nos compete tratar de clarificar las contradicciones en que se sitúa el PSOE en el tema del laicismo. En los distintos planos y niveles en que tales contradicciones se manifiestan.
-Si reconoce que el laicismo es el ADN de la democracia, mantener el Concordato y la Ley de Libertad Religiosa es permitir que el ADN de la intolerancia clerical estructure nuestra legislación impidiendo la democracia en las leyes.
– Si el laicismo es el ADN de la democracia, mantener la enseñanza religiosa en la escuela es garantizar el ADN del oscurantismo de los dogmas morales, impidiendo la democracia de la pluralidad crítica que hace posible las autonomías morales.
– Si el laicismo es el ADN de la democracia, mantener las financiaciones estatales a las religiones es asegurar que el ADN de la nefasta colusión entre poder político y religioso infecte nuestro Estado, impidiendo la democracia de los ciudadanos.

No es tolerable que un partido que dice defender el laicismo prepare un programa electoral en que tales cuestiones fundamentales (entre muchas otras) se obvian. Ni es tolerable que sus intelectuales orgánicos busquen coartadas teóricas con eufemismos vergonzantes.

Por iguales razones, pienso que los laicistas debemos estar atentos a las propuestas positivas que se lancen desde los partidos favorables al desarrollo de la laicidad. En este sentido, actitudes como las de Izquierda Unida proponiendo la creación en el Congreso de los Diputados la Formación de un Inter-grupo por una Sociedad Laica, que ha sido aceptada por todos los grupos excepto el PP, merece nuestra felicitación explicita, y apoyo con búsqueda de formas de colaboración, al igual que las iniciativas del mismo grupo en que han adoptado en la localidad de Rivas.

En resumen: no podemos ampararnos en equivocas posiciones de neutralidad política para dejar de enjuiciar los enfoques que los partidos adoptan en relación al laicismo y menos en momentos electorales en los que los partidos deben definirse mediante programas de acciones concretas.

Todo un reto.
18-01-08

Jesús Espasandín López / Miembro de la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid