CONSTITUCIÓN, LAICIDAD Y EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA


Manifiesto del PSOE con motivo del XXVIII aniversario de la Constitución.


En el año 2006 España conmemora el XXVIII Aniversario de la Constitución de 1978 que, junto a la Constitución de 1931, representa la más alta plasmación en la historia del pueblo español de su voluntad de vivir en un régimen democrático. Se trata, como cada año, de un acontecimiento que debe llenar de orgullo y satisfacción a los españoles pues, no en vano, tras la quiebra del régimen republicano y con él, de la legitimidad democrática, el vivido desde la promulgación de la Constitución del 78, ha sido el único período constitucional de normalidad democrática y estabilidad política.

La nuestra es una Norma Fundamental cuya elaboración estuvo presidida por la voluntad de consenso, concordia y generosidad de todas las fuerzas políticas llamadas a representar a los ciudadanos en el año 1977 y, en cuya aprobación, jugó un papel esencial el entusiasmo de un pueblo, el español, ávido de libertad y democracia.
La Constitución de 1978 es una norma básica que garantiza el ejercicio en igualdad del amplio catálogo de derechos y libertades atribuido a los ciudadanos y que diseña un marco para la convivencia en paz asegurando la cohesión y la estabilidad política, social y económica del país.

Como pone de manifiesto el actual proceso de renovación de nuestro Estado autonómico, en dicho marco de convivencia diseñado por la Norma Fundamental española tiene cabida la articulación de la diversidad territorial que caracteriza a la España plural. Pero, además de dicha diversidad territorial, nuestra Norma básica sienta las bases para el desarrollo de otro tipo de diversidad: el que deriva del libre y plural ejercicio del derecho de libertad de conciencia de todos sus ciudadanos. En un momento como el actual, en el que el fenómeno migratorio está convirtiendo a la sociedad española en una sociedad multicultural, es preciso recordar y reafirmar el valor de un principio constitucional, el de Laicidad, cuya vigencia es esencial para que nos hallemos en grado de revalidar los ya veintiocho años de convivencia en libertad que han conducido a España a un estatus de progreso y estabilidad sin precedentes. Y ello porque la Laicidad se configura como un marco idóneo y una garantía de la libertad de conciencia donde tienen cabida todas las personas con independencia de sus ideas, creencias o convicciones y de su condición personal o social, siendo por ello requisito para la libertad y la igualdad.

Los fundamentalismos monoteístas o religiosos siembran fronteras entre los ciudadanos. La laicidad es el espacio de Integración. Sin laicidad no habrían nuevos derechos de ciudadanía, serían delitos civiles algunas libertades como la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo,… y dejarían de ser delitos el maltrato a la mujer, la ablación o la discriminación por razón de sexo. Sin laicidad sería difícil evitar la proliferación de conductas nada acordes con la formación de conciencias libres y críticas y con el cultivo de las virtudes cívicas.
Desde la laicidad se garantiza la convivencia de culturas, ideas y religiones sin subordinaciones ni preeminencia de creencias, sin imposiciones, sin mediatizar la voluntad ciudadana, sin subordinar la acción política de las Instituciones del Estado Social y Democrático de Derecho a ningún credo o jerarquía religiosa. La Laicidad es garantía para desarrollar los derechos de ciudadanía ya que el Estado Democrático y la Ley, así como la soberanía, no obedecen a ningún orden preestablecido de rango superior, pues la única voluntad y soberanía es la de la ciudadanía.

Creemos que el respeto a todas las opciones que suscita la vida personal y social, el respeto de la discrepancia y de la diferencia y la apreciación de la riqueza de la diversidad de concepciones y valoraciones son pilares esenciales del entendimiento democrático. Sin embargo, el cultivo del derecho de libertad de conciencia y la autonomía moral, ideológica o religiosa de los individuos, debe conciliarse con la potenciación del mínimo común ético constitucionalmente consagrado integrado por el conjunto de valores que constituyen las señas de identidad del Estado Social y Democrático de Derecho: igualdad, libertad, justicia, pluralismo, dignidad de la persona y derechos fundamentales.
En una sociedad cada vez más plural en la que se hallan en circulación pluralidad de códigos éticos, fruto, entre otros factores, de la generalización de los movimientos migratorios, uno de los desafíos más importantes que se plantean a los poderes públicos tras veintiocho años de vigencia constitucional, es contribuir a la formación de “conciencias libres, activas y comprometidas” con el “mínimo común ético constitucional”, esto es, con el patrimonio común de valores constitucionalmente consagrado.

Y es en dicho marco donde el legislador democrático ha asumido la parte de responsabilidad que le corresponde incluyendo en la nueva Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, una materia que trata de dar cumplimiento al mandato constitucional de promocionar los valores que integran lo que el ilustre constitucionalista Francisco Tomás y Valiente dio en llamar “ideario educativo constitucional” recogido en el artículo 27.2 de la Norma Suprema. La Constitución española del 78 no diseña una enseñanza valorativamente neutral sino que hace pivotar el sistema educativo sobre el deber de trasmitir y promocionar el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales como el modo más adecuado para consolidar y perpetuar la vigencia del propio régimen constitucional y la convivencia de todos.
En el vigésimo octavo aniversario de la Constitución española de 1978, los socialistas queremos manifestar nuestro compromiso con el fomento inobjetable de la ciudadanía como eje de la democracia y por ello nos congratulamos de la creación de una nueva materia curricular que no hará sino fortalecer dicho valor.