COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN LAICA DE RIVAS VACIAMADRID ACERCA DE LA RELIGIÓN EN LAS ESCUELAS

 

 

Ante la reciente aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), cuya entrada en vigor está prevista para el curso 2007-2008, el panorama de la religión en los centros de enseñanza parece no haber variado sustancialmente: se mantiene la separación y discriminación de los alumnos según sus creencias; a los no católicos se les obliga a permanecer en los centros mientras los católicos reciben su catequesis; se nos obliga a todos los ciudadanos (seamos o no católicos) a costear el salario de los 30.000 “profesores” de religión, desembolsando anualmente 520 millones de euros; los alumnos que reciben las “clases” de religión deben declarar acerca de sus convicciones (lo cual es anticonstitucional); y por si fuera poco, se está intentando  extender este privilegio a otras tres confesiones religiosas, aunque con requisitos más exigentes que los correspondientes a la Iglesia católica.

 

            Resulta absurdo argumentar el derecho a la protección del ejercicio de las creencias católicas en semejante entramado: ¿Dónde queda el derecho de las demás creencias religiosas, no religiosas, e incluso de la increencia a que se protejan (y a difundir) sus ideas? Y si el Estado tuviera que proteger  las creencias de las docenas de religiones existentes, y de las organizaciones no religiosas o increyentes, ¿qué sistema educativo podría soportar la (des)organización de esa Torre de Babel? ¿Qué presupuesto sería necesario para ello?

 

            La única forma de garantizar el derecho a decidir sobre la educación religiosa es confiarla a sus propias organizaciones. Y el deber constitucional del Estado es proteger que se haga con libertad. Nada más, y nada menos. El ejercicio del derecho de libertad de conciencia (y por tanto, también  el religioso) es estrictamente individual, y no puede imputársele al Estado. De hecho, la Constitución Española no dice nada al respecto. Lo que sucede es que los Acuerdos con el Vaticano (1979), primero, y la Ley Orgánica de Libertad religiosa (1980), después, introdujeron en los planes educativos la religión católica en todos los centros y niveles educacionales, yendo más allá de donde nunca previó la Constitución.

 

            Por último, parece ser que, ante el desarrollo reglamentario de la LOE, el Gobierno está barajando la posibilidad de hacer recaer sobre cada centro educativo la elección de la alternativa a la religión, en una clara dejación de su responsabilidad.

 

            Ante esta situación, la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid, exige:

 

            1.- La enseñanza de las  confesiones religiosas debe salir de los centros escolares y, en todo caso, del currículo y del horario escolar. Esta responsabilidad debe recaer sobre las organizaciones religiosas.

 

            2.- La derogación de los Acuerdos de 1979 (Concordato), y de la Ley de Libertad Religiosa, de 1980, por ser el principal instrumento de desnaturalización de los preceptos constitucionales de aconfesionalidad del Estado, libertad de creencias e igualdad de todos los españoles ante la Ley.

 

            3.- La financiación de la enseñanza de creencias religiosas debe ser asumida por las respectivas confesiones y sus fieles, y no sobre el bolsillo de todos los ciudadanos.

 

Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid

                                                          Octubre de 2006