Acuerdo Iglesia-Estado
sobre financiación
Recientemente se ha dado a conocer la existencia de
un acuerdo Gobierno-Iglesia católica, a partir del cual se produciría un
supuesto “cambio importante en el modelo de financiación” de la Iglesia por el
Estado. Sin conocer aún el texto de dicho acuerdo, pero basándonos en la
información aportada por el Gobierno, la Asociación
Laica de Rivas Vaciamadrid expresa:
1.- El actual “modelo” de financiación de la Iglesia
católica por el Estado, está basado en una descomunal falacia. La forma de
plantear la llamada “asignación tributaria” ha dado origen a una grandiosa
mentira (o equívoco interesado), repetida hasta la saciedad por los voceros
eclesiales y los sucesivos gobiernos de turno: se ha inducido a pensar que el contribuyente,
al marcar la cruz, destina alguna cantidad de
sus ingresos a la Iglesia.
Lo cierto es que cuando una persona realiza la
declaración de la renta, está liquidando su deuda con el Estado (le guste o no)
y la cuantía que le corresponde pagar, en cómputo anual. Por tanto,
sencillamente ese dinero no es suyo,
sino del Estado. Así pues, no está
poniendo ni un solo euro de su bolsillo. Por lo tanto, el contribuyente que
marca la correspondiente casilla de la Iglesia católica, “declara su voluntad” de
donar dinero ¡que no es suyo! ¡¡¡tremenda generosidad!!! En fin, parece que lo razonable
debería ser que primero saldara su deuda con el Estado y, a partir de ahí,
realizara la aportación correspondiente. Pero en este asunto nada parece
razonable.
2.- Como ya sabíamos, el problema de la jerarquía
eclesiástica era conseguir “recursos de cuantía similar” a los que venía
disfrutando; pero los declarantes que marcaban la cruz hace diez años eran el
43% y en el año 2000, tan solo el 22%. Este es el verdadero problema. De esta
manera, la cantidad que adelantaba el Estado de los Presupuestos era cada vez
mayor, en comparación a la que
correspondía por las declaraciones de la renta. Comoquiera que la
Iglesia católica no reintegraba ni un euro, como se había comprometido a hacer
por el Acuerdo Económico de 1979 y la Ley de Presupuestos para 1988, la deuda a
favor del Estado iba en aumento y el escándalo también. De esta forma, la Iglesia católica se ha embolsado desde
1992, cerca de 300 millones de euros (50.000 millones de pesetas) de todos los
españoles que no han sido reintegrados a la Hacienda Pública.
3.- En el artículo II del Acuerdo sobre asuntos
económicos de 1979, la Iglesia declaraba “su propósito de lograr por sí misma
los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”. Tras veintisiete
años incumpliendo este compromiso de
autofinanciación, la jerarquía eclesiástica declara que esta alusión era
sólo una “obligación moral” y, finalmente, parece haber desaparecido del
reciente acuerdo con el Gobierno. Tremendo
paso atrás.
Si la Iglesia
católica se hubiera comprometido a recuperar ese 43% de declaraciones de sus
fieles que marcaran la casilla del IRPF, hubieran obtenido más recursos que los
del reciente acuerdo firmado. Pero tan poca confianza le merecen sus
feligreses, o tan poco apego sienten éstos por su doctrina, que aún sin tener que
aportar dinero de su bolsillo son incapaces de financiar a su clero. De esta
forma, la jerarquía católica ha
conseguido un incremento en su
financiación de los Presupuestos del Estado de hasta el 0,7% de las
declaraciones del IRPF, lo que significa que sus ingresos pasarán de 144
millones de euros actualmente a 175 millones de euros par el año próximo. Ello supondrá un incremento en sus ingresos del 21% respecto al año anterior.
4.- Otro supuesto compromiso adquirido es que se
exigirá cada año una memoria económica sobre la distribución del gasto
correspondiente a la asignación. Esto no es nada nuevo. Ya se sabe que se
dedica a remunerar a los obispos y a todo el personal eclesiástico de las
diócesis, a gastos de la Conferencia
Episcopal, pago de la seguridad social del clero, actividades pastorales de las
diócesis, así como a congresos, asambleas y reuniones nacionales.
La cuestión es que sigue sin exigírsele a la Iglesia
algo parecido a un balance integrado, y cuenta de resultados, de todas las
actividades desarrolladas en el Estado español, tanto a nivel estatal como
autonómico y municipal, incluyendo la cuantificación económica de las ingentes
cantidades en exenciones fiscales de las que se beneficia. En este sentido, la opacidad sigue siendo total, y el
Gobierno tampoco se ha dado por enterado.
5.- En lo referente
a la exención del IVA, privilegio del que ha gozado la Iglesia en virtud
del Acuerdo de 1979, era ilegal desde la misma entrada de España en la
Comunidad Europea en 1986. La violación reiterada de la Directiva europea sobre armonización
fiscal en esta materia ha obligado al Gobierno, tras múltiples avisos y
amenazas, a eliminar este privilegio y acomodarse a la normativa europea. Ha
tenido que ser la Comunidad Europea la que nos ayudara a acabar con este
privilegio eclesiástico.
6.- Por encima de todo ello, como auténtico marco, el Acuerdo sobre asuntos económicos de 1979
(Concordato aún vigente) , acuerdo entre Estados (Vaticano y España), en el que
la Iglesia católica, haciendo uso de su condición de ser la única religión que
se constituye en Estado, blinda sus privilegios forzando la firma de pactos de
Estado, configurándose como tratados internacionales, cuya anulación no puede
realizarse de forma unilateral, y cuya posición jerárquica se sitúa por encima
de las demás normas con rango de ley y, por lo tanto, también de las leyes
orgánicas. Si como expresa la Constitución en su artículo 16.3 “ninguna
confesión tendrá carácter estatal” ¿cómo puede admitirse un pacto de Estado con
el Vaticano, cuyo cumplimiento obligue, jurídica y económicamente, al Estado
español?
7.- En todo caso, lo que permitiría hablar de “cambio
en el modelo de financiación” sería una modificación sustantiva en el
tratamiento fiscal a la Iglesia católica que, en virtud del Acuerdo de 1979
goza de exención total y permanente para “la Conferencia Episcopal, las
diócesis, las parroquias, las Órdenes y Congregaciones religiosas y los
Institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas” respecto del
impuesto de bienes inmuebles (la Iglesia posee una cantidad de bienes inmuebles
superior al propio Estado), IRPF, Patrimonio y otros impuestos. Nada de esto cambia con el nuevo acuerdo.
Tampoco se plantea nada respecto a los 3.600 millones
de euros con los que el pueblo español sigue pagando a los 30.000
adoctrinadores de religión en los colegios; tampoco recibe ningún tratamiento la cuantiosa suma
dedicada al mantenimiento del patrimonio eclesiástico, ni las subvenciones a la
enseñanza concertada religiosa. Por lo tanto no se puede hablar de cambio de modelo.
En fin, con este acuerdo, el Gobierno tal vez esté
intentando apaciguar los ánimos agresivos y belicosos de la jerarquía
eclesiástica, pero al mismo tiempo está minando la credibilidad en un
Constitución que declara que ninguna religión tiene carácter estatal. Con una
presencia masiva de
Asociación
Laica de Rivas Vaciamadrid