República y Laicismo.

Todas las constituciones españolas aprobadas en el siglo XIX bajo la Monarquía declaran que la religión oficial es la religión católica. Solamente el proyecto de Constitución de la 1ª República elaborado en 1873 proclama claramente la libertad de cultos (art.34) y separación Iglesia-Estado (art.35), la prohibición a las administraciones públicas de toda subvención directa o indirecta a la Iglesia católica o a cualquier otro culto.

 Ya en el siglo XX, el 14 de abril de 1931 se proclama la República gracias a la movilización popular.

En aquel momento la sociedad española sufría una enorme crisis económica derivada de la recesión mundial de finales de los años veinte. Había salarios de hambre en la industria, una elevada carestía de la vida, la mujer no tenía ningún peso en la sociedad y en la política. El campo estaba en manos de terratenientes y latifundistas, el 80% de la población era analfabeta.

Sin Embargo, la República se propuso modernizar la sociedad española, organizó la alfabetización de la población y la escolarización de los niños y niñas -creo cerca de 4000 escuelas en los dos primeros años de la república-, impulsó la cultura y las artes, implantó el matrimonio civil, aprobó el divorcio. Puso en marcha una ambiciosa reforma agraria.

La Constitución republicana de 1931 promulga claramente la laicidad del Estado con la plena separación Iglesia-Estado (art. 3), somete a las confesiones religiosas a una ley civil (art. 26), reconoce la libertad de conciencia de los ciudadanos -17 años antes de la DUDDHH (art. 27)- y proclama que la enseñanza será laica. (art. 48).

El triunfo de Franco en la guerra civil, apoyado sin fisuras por la jerarquía eclesiástica, termina con los avances en la construcción de un Estado laico que inició la II República. Con Franco, el Estado vuelve a ser oficialmente católico, y en 1953 se aprueba el Concordato con el Estado Vaticano que otorga enormes privilegios a la iglesia católica.

En 1978 se aprueba la Constitución actualmente en vigor, que reconoce los derechos y libertades fundamentales de las personas, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos aunque por ejemplo, no recoge ni de lejos el derecho a la libertad de conciencia reconocido en el art.18 DUDDHH[1]. También proclama la aconfesionalidad del Estado (art. 16.3) pero a continuación señala que Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Esto propicia la firma –un mes después de aprobada la Constitución- los Acuerdos con la Santa Sede del 79, que son un Tratado Internacional por encima de las Leyes, del mismo rango que Constitución Española, y que obliga a los poderes públicos, cuando existe conflicto, a inclinarse por la lectura confesional de la Constitución. ¿Dónde queda la igualdad ante la ley y la no discriminación del texto constitucional?

En el ámbito de la educación, la Constitución española vuelve a proporcionar una de cal y otra de arena. Así, el artículo 27 proclama que El objeto de la educación es el “pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, mientras que a continuación indica que Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Este párrafo pone los pelos de punta porque contradice el apartado anterior y coarta el desarrollo de la conciencia de los menores en libertad y sirve de excusa para enseñar dogmas religiosos en la escuela. De este artículo no se deduce que la formación religiosa deba impartirse en los centros de enseñanza ni que deba ser sufragada por el Estado, tal como se está haciendo.

Los defensores del laicismo llegamos a una conclusión elemental: la República es la forma de Estado que puede garantizar los principios laicistas de defensa de las libertades de los ciudadanos y la igualdad de éstos ante la ley, así como la separación del Estado de las iglesias. La Monarquía española está identificada con la iglesia católica e impide la construcción de un auténtico estado laico.

Los valores laicos de la Constitución de la II República no han sido alcanzados por nuestra actual Constitución, ni de lejos. Después del tiempo transcurrido desde la aprobación de la Constitución podemos afirmar que aún está pendiente la transición en materia de relaciones con la Iglesia católica. Es necesario eliminar los enormes poderes y privilegios económicos, jurídicos y simbólicos que mantiene la iglesia a día de hoy. Debemos organizarnos y defender los siguientes principios en todos los ámbitos:

  • El respeto a la Libertad de Conciencia y a la no discriminación, así como la autonomía de lo político y de la sociedad respecto a normas particulares, deben aplicarse a los necesarios debates que surgen y surgirán en relación a la sexualidad, a la muerte digna, a la emancipación de las mujeres, a la educación de los niños y niñas y a los matrimonios mixtos.
  • Creo, creemos, en un laicismo que interviene en la sociedad y que elimina los obstáculos que se oponen a la autonomía moral de las personas. Y los obstáculos hoy son la pobreza, la manipulación informativa, las relaciones de dominación (entre personas, entre clases y entre Estados) y el consumo irracional de objetos y recursos.
  • Son los “peligrosos y agresivos” laicistas los que trajeron la secularización de la vida pública, la libertad de cultos, el matrimonio civil, el divorcio, el matrimonio homosexual, la escuela pública y laica, la supresión de la censura eclesiástica, la proclamación de los derechos del Hombre y del Ciudadano.
  • El laicismo es garantía de búsqueda del interés común, libertad individual e igualdad ante la ley. Ser laicista es sinónimo de ejercer la democracia en profundidad.
  • A los partidos que se definan laicistas debemos exigirles que sean consecuentes y que transformen en leyes su aparente voluntad laicista.
  • Llamar a todas las organizaciones sociales y sindicales para que perciban que está en juego la calidad de nuestra convivencia democrática y nuestra propia condición de ciudadanos libres e iguales, pues sólo en un contexto de libertad de creencias e igualdad de todas ellas será posible articular la convivencia ciudadana en una sociedad tan compleja.
  • Instamos a la creación de plataformas cívicas que comiencen a configurar una mayoría social activa que trabaje por el laicismo.

El Laicismo y el PSOE

A principios del año 2013 el Partido Socialista realizó una batería de preguntas al Gobierno, a través del Congreso de los Diputados, Quería conocer a cuánto asciende el montante de que se beneficia la Iglesia católica en virtud de las exenciones y bonificaciones fiscales y otro tipo de subvenciones en el marco de los Acuerdos con la Santa Sede (1979).

Las preguntas al Gobierno del PP han versado acerca de cuánto le cuesta al Estado anualmente:

1) que la Ic no esté sujeta a los impuestos sobre la renta o consumo;

2) que esté exenta total y permanentemente de la contribución territorial urbana sus edificios, locales anejos, capillas, residencias de obispos, seminarios, universidades, casas, conventos, congregaciones e institutos de vida consagrada;

3) que esté exenta total y permanentemente de los impuestos reales y de producto sobre la renta y patrimonio, así como de los de sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales, de las contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia.

Asimismo, pregunta el PSOE al Gobierno del PP, cuántos religiosos prestan asistencia en el ejército y en establecimientos penitenciarios, hospitales, sanatorios, orfanatos y centros similares, tanto privados como públicos. Igualmente se interesa por el coste anual de dicha asistencia, que viene impuesta  por los citados Acuerdos de 1979.

La organización Europa Laica estima que los ingresos directos o indirectos más los beneficios fiscales anuales de la iglesia católica ascienden a 11.000 millones de euros. Los Acuerdos con la Santa Sede han sido un tema tabú en la trayectoria política del PSOE desde la Transición. Las relaciones con la Iglesia católica han estado dominadas por el secretismo, la rendición de pleitesía ante la jerarquía católica y un completo y permanente entreguismo a los intereses simbólicos, educativos y económicos de la Corporación católica. Basten dos ejemplos: seguimos sin conocer las respuestas a las preguntas anteriores; los datos de la recaudación de las marcas de asignaciones tributarias en las declaraciones de la renta las conocemos todos los años en rueda de prensa de los obispos españoles, nunca por parte de la agencia tributaria, que solo le proporciona esta información a la Conferencia Episcopal.

Pero las políticas a favor de la iglesia católica por parte de los gobiernos socialistas siempre han sido muy claras:

  • El gobierno de Felipe González aprobó y puso en marcha los conciertos educativos con los colegios privados, mayoritariamente de ideario católico, en detrimento de la inversión para la construcción y mejora de escuelas públicas desarrollada pocos años antes por el gobierno de Adolfo Suárez en aplicación de los pactos de la Moncloa.
  • En 2007 se renuevan los acuerdos con la iglesia de 1979 por el que su incrementa el porcentaje de la asignación tributaria de los españoles que marcan la cruz a favor de la iglesia del 0,52% al 0,7%.
  • Ya en 2008 Jáuregui, secretario del Grupo parlamentario Socialista, ante sendas proposiciones no de ley de IU y el Grupo Mixto para eliminar la Biblia y el crucifijo de las tomas de posesión de los ministros y ministras y para revisar los Acuerdos de 1979, afirmó durante el debate que “el crucifijo está de más” para, a continuación votar en contra de ambas proposiciones.
  • En agosto de 2011, tras visitar al Papa Benedicto, el propio presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero manifestaría que no había necesidad de tocar los Acuerdos con la Santa Sede, pues “hasta ahora han funcionado razonablemente bien”.
  • Ya en la oposición, el PSOE aprobó las siguientes conclusiones en relación a la laicidad del Estado en su conferencia política de finales de 2013:
    • Denuncia de los acuerdos con el Vaticano
    • Apuesta por la autofinanciación de todas las confesiones religiosas
    • Defensa la escuela pública laica y afirma, en consecuencia, que no tiene cabida en ella la enseñanza curricular de la religión. ni tampoco en horario escolar.
    • La Iglesia Católica pagará el IBI de todas aquellas propiedades que no sean de exclusivo uso para culto (por tanto, las iglesias quedarían excluidas del pago de este impuesto, igual que lo están las instituciones culturales sin ánimo de lucro).
    • Compromiso de impulsar una Ley de libertad religiosa, de libertad de conciencia y de libertad de culto.
  • Hace pocos meses, en diciembre de 2013, el PSOE presentó en el Congreso una proposición para instar al Gobierno a denunciar los acuerdos con la Santa Sede. El diputado Ramón Jáuregui, matizó sin embargo el alcance de esa medida: “No descartamos ninguna posibilidad. La denuncia de los acuerdos puede implicar una ruptura o un Concordato nuevo, una revisión de las relaciones que garantice la igualdad de trato hacia el resto de confesiones, aunque haya singularidades”.

Desde las organizaciones laicistas saludamos y nos felicitamos de estas iniciativas, pero muchos mostramos desconfianza sobre ello, a la vista de la historia reciente que he comentado brevemente. Cuánto me suena el famoso “acuerdos, … de entrada, no” de tan infausta memoria. La primera oportunidad tras la conferencia del año pasado la ha habido en la elaboración del programa electoral para el parlamento europeo de este mes y he de decir que desgraciadamente, no he encontrado en él ninguna referencia los principios del laicismo.

Europa Laica ha aprobado hace unas semanas la Carta Europea por la laicidad y la libertad de conciencia, que se presentará en Madrid el próximo viernes. En ella se declara que la laicidad debe formar parte de todo proyecto jurídico y político de un Estado Democrático y de Derecho y por tanto -también- de las organizaciones de ámbito superior que los pueblos europeos acuerden libremente construir para extender y unificar sus conquistas sociales y democráticas.

Las instituciones europeas y de los estados miembros deben promover y garantizar la plena libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión.

Debe respetarse la estricta separación de los estados respecto a las confesiones religiosas o creencias de cualquier tipo eliminando y evitando cualquier acuerdo o concordato con las confesiones religiosas que supongan algún privilegio o  intromisión de éstas en el ámbito público.

Los estados miembros no deben reconocer al Vaticano como un Estado.

Todos los países europeos garantizarán una Educación Pública, Democrática y Laica a la ciudadanía conformada hacia el desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, la igualdad y la plena ciudadanía, a través de contenidos curriculares universales de carácter científico, artístico y humanístico, sin ninguna presencia de adoctrinamiento religioso en el currículum ni en la simbología.

Los laicistas queremos, sobre todo, reflexionar, compartir un sueño, una utopía universal, un proyecto político y jurídico, en donde la laicidad de las instituciones y la libertad de conciencia, inunden todos los pueblos de la Europa y de la Tierra, con un total respeto hacia todo tipo de convicciones, en el marco de los principios democráticos, de justicia, de igualdad y de no discriminación, que proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Rivas, mayo de 2014

[1] Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado

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